Por ley, el interventor designado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Alberto Biglieri, no tiene el poder ni la función de discutir salarios o acordar aumentos con las cámaras empresarias. Sus tareas se limitan a revisar las cuentas del gremio, mantener los servicios de salud de la obra social y ordenar el calendario de las próximas elecciones. Advierten por protestas de trabajadores para exigir algún tipo de pago de emergencia que compense el freno de las paritarias que venían teniendo negociaciones mensuales.
De la redacción de EL NORTE
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La intervención dispuesta por la Justicia en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras anular las elecciones internas y desplazar al secretario general del sindicato, Abel Furlán, generó un efecto colateral complejo para los trabajadores del sector: no hay nadie con autoridad para firmar paritarias, por lo cual los salarios se mantendrán congelados hasta que la situación judicial cambie, a menos que haya acuerdos individuales o por empresas por fuera de la organización gremial.
Por ley, el interventor designado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Alberto Biglieri, no tiene el poder ni la función de discutir salarios o acordar aumentos con las cámaras empresarias. Sus tareas se limitan a revisar las cuentas del gremio, mantener los servicios de salud de la obra social y ordenar el calendario de las próximas elecciones.
Frente a esta parálisis en la mesa de negociación, delegados de las fábricas de todo el país ya empezaron a reunirse para iniciar protestas o asambleas y exigir algún tipo de pago de emergencia que compense el freno de las paritarias que venían teniendo negociaciones mensuales.
La intervención judicial se basó en supuestas irregularidades que se detectaron en las elecciones internas de marzo de 2026, luego de un reclamo presentado por la opositora Lista Naranja de la seccional bonaerense de Campana.
El juez Víctor Pesino consideró que hubo anomalías en la votación de esa seccional, donde Furlán superó el 90% de los votos, y que lo ocurrido en Campana vició la elección nacional, pese a que en todo el país el secretario general ahora desplazado superó el 80% de los sufragios.
Posteriormente, la misma Cámara de Apelaciones sacó otro fallo para ampliar los poderes de Biglieri. De esta manera, el interventor también se hizo cargo del manejo operativo de la obra social de los metalúrgicos (Osuomra).
Al quedar todas las funciones administrativas concentradas en manos del interventor judicial, la representación del sindicato frente al Ministerio de Capital Humano de la Nación y ante las cámaras empresarias del sector quedó totalmente vaciada.
