Los gremios y federaciones del sistema universitario argentino anunciaron un paro nacional para el 12 de agosto en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de salarios y becas, y las partidas destinadas al funcionamiento de los hospitales universitarios.
Los gremios y federaciones del sistema universitario argentino convocaron a un paro nacional para el próximo 12 de agosto. La medida contempla el cese total de actividades y responde al reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la medida cautelar de la Justicia sobre salarios y becas, y el acuerdo firmado respecto de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios.
Según informaron las organizaciones gremiales, la medida de fuerza se realizará bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”.
Tras el anuncio, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a los reclamos de las universidades públicas y afirmó que la “indiferencia” de la administración encabezada por Javier Milei pareciera “no tener límites”.
En ese marco, sostuvo que el Presidente “se enfrenta a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública; al Congreso Nacional, que hace casi 300 días aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta; y a la Justicia, al desobedecer la medida cautelar que dejó firme la Corte Suprema y que lo obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a valores de noviembre de 2023”.
Asimismo, Cagnacci afirmó que el Gobierno “le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y cuál no”.
Las universidades mantienen el reclamo por el financiamiento
El dirigente también expresó cuál es la postura de los docentes frente al conflicto y señaló que la voluntad del sector es la de “estar en las aulas frente a los estudiantes, en las cátedras haciendo investigación o enseñando y asistiendo en los hospitales”.
El conflicto judicial entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional se originó por la disputa en torno al financiamiento del sistema universitario público. Las casas de estudio denunciaron que las partidas presupuestarias quedaron desactualizadas frente a la inflación y que los fondos resultaban insuficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso, las universidades sostuvieron que el Poder Ejecutivo incumplió la norma al no actualizar las partidas presupuestarias conforme a lo establecido. Por ese motivo, recurrieron a la Justicia para exigir su aplicación y garantizar el financiamiento del sistema universitario.
Posteriormente, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar de manera provisoria parte de la ley mientras continúa el proceso judicial, aunque aún no existe una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
El CIN pidió avanzar con una sentencia definitiva
En ese contexto, el pasado 20 de julio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, solicitó que la Justicia habilite la feria judicial para avanzar con una sentencia definitiva en la causa por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
