La AJB volvió a prender las alarmas sobre el estado crítico del sistema judicial en la provincia de Buenos Aires, y advirtió que hay un colapso estructural los juzgados de garantías. Uno de los Departamentos con sobrecarga significativa es San Nicolás, con un 60% de causas más que la media. Y el promedio de resolución de expedientes cayó aquí por debajo del 30%.
De la redacción de EL NORTE
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La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a prender las alarmas sobre el estado crítico del sistema judicial en la provincia, y esta vez, lo hizo a través de un informe elaborado por su Centro de Información y Formación (CIyF), que detalla que hay un colapso estructural los juzgados de garantías desde 2003.
“No hay margen para dilaciones. La Justicia penal de la provincia necesita respuestas estructurales y políticas públicas que estén a la altura de la emergencia”, advirtieron desde la AJB, que basaron el relevamiento en datos de la Suprema Corte bonaerense y advirtieron que la situación está caracterizada por un crecimiento exponencial de causas, escasa incorporación de personal, pérdida de capacidad resolutiva y deterioro de las condiciones laborales.
Uno de los datos más contundentes del trabajo es el volumen de causas iniciadas, dado que en 2024 se alcanzó el récord histórico con 184.495 nuevas causas, un 25% más que el año anterior y un incremento del 119% respecto a 2020.
Otro indicador preocupante que analiza el informe es el número de causas iniciadas por juzgado y por agente. En 2024, el promedio provincial fue de 1.827 causas por juzgado. No obstante, en sedes como Cañuelas (La Plata) y Ezeiza (Lomas de Zamora), ese número se dispara un 134% y 118% por encima del promedio, respectivamente.
Una de las jurisdicciones con mayor sobrecarga significativa es San Nicolás con un 60% de causas más que el promedio. Junín, Moreno-General Rodríguez y Avellaneda-Lanús están por encima del 30%. Estos datos revelan una realidad conocida por quienes transitan el fuero penal: los niveles de exigencia diaria resultan insostenibles.
La consecuencia directa de esta sobrecarga es una disminución constante en la capacidad de resolución. En 2024, sólo se resolvió el 37% de las causas iniciadas, muy lejos del 71% registrado en 2018, año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica. Es decir, por cada 10 causas que ingresan, apenas se resuelven 3 o 4, y el resto se acumula, incrementando el número de causas pendientes de años anteriores.
Departamentos como Ezeiza (Lomas) (23%), San Nicolás (29%), Florencio Varela (Quilmes) (26%), Pilar (San Isidro) (30%) y Avellaneda-Lanús (23%) se ubican por debajo del ya bajo promedio provincial. El informe advierte que esta tendencia puede tener efectos regresivos sobre el acceso a la justicia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
El panorama se agrava aún más con la existencia de juzgados de garantía que fueron creados por ley pero nunca habilitados, según precisaron desde la Asociación de Hugo Russo, actualmente hay nueve estamentos en esa condición. Para la AJB, su falta de puesta en marcha constituye un incumplimiento institucional que impide descongestionar zonas críticas.
Además, en marzo de 2023 la Suprema Corte trasladó a los juzgados de garantías la competencia para dictar medidas de protección en casos de violencia familiar y de género que exigen urgencia en la resolución. Los resultados son contundentes: aumento sostenido de la carga de trabajo, escasa inversión en recursos humanos y un deterioro progresivo de las condiciones laborales y de acceso a la justicia.
Llamado a la acción
Los datos reunidos en el informe no dejan lugar a dudas: los juzgados de garantías están al borde del colapso estructural. Frente a este panorama, la Asociación Judicial Bonaerense ha reiterado la necesidad de:
– Refuerzo inmediato de las plantas de personal.
– Habilitación urgente de los juzgados creados por ley.
– Rediseño de políticas de gestión judicial que prioricen la salud laboral.
– Inversión pública genuina en infraestructura, tecnología y condiciones laborales.
