Un relevamiento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina identificó los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica en departamentos del NOA y el NEA. El estudio analiza condiciones estructurales vinculadas a vivienda, educación, empleo y acceso a servicios básicos.
Las familias con hijos que viven en zonas rurales del norte argentino enfrentan las situaciones de pobreza más severas del país. Así lo revela un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicado por La Nación, que identifica los principales focos de vulnerabilidad estructural a partir de datos del Censo 2022 y de la Encuesta de la Deuda Social Argentina 2023.
El trabajo señala que los niveles más críticos se registran en departamentos de Formosa, Salta y Santiago del Estero. Entre ellos aparecen Ramón Lista y Sarmiento, en Formosa; Rivadavia, en Salta; y San Martín, Santa Catalina y Figueroa, en Santiago del Estero. Según los investigadores, estas regiones concentran hogares que enfrentan múltiples privaciones de manera simultánea, más allá de los ingresos que perciben.
Una mirada más amplia sobre la pobreza
A diferencia de las mediciones tradicionales, el informe no se limita a evaluar los ingresos de las familias. El índice elaborado por la UCA combina once indicadores vinculados a la calidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos, la educación, el empleo y las condiciones de vida de niños y adolescentes.
De esta manera, la investigación busca reflejar una pobreza estructural que suele permanecer invisible en los indicadores monetarios. El estudio considera variables como el hacinamiento, la calidad constructiva de las viviendas, el acceso al agua potable, la asistencia escolar y el nivel educativo y laboral de los jefes de hogar. Según explicó Ianina Tuñón, una de las autoras del trabajo, este enfoque permite construir una radiografía más completa de las desigualdades territoriales existentes en el país.
Las conclusiones muestran que los problemas más profundos no se relacionan únicamente con la capacidad de compra de las familias, sino también con dificultades persistentes para acceder a derechos básicos. Los especialistas remarcan que estas carencias tienen efectos de largo plazo, especialmente sobre el desarrollo de niños y adolescentes.
El norte argentino concentra los mayores niveles de vulnerabilidad
El informe revela que los peores indicadores se encuentran en el Noroeste y el Noreste argentino. El NOA registra un índice de vulnerabilidad de 39,5 puntos y el NEA de 38,1, por encima de la región pampeana, el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Patagonia.
A nivel provincial, Santiago del Estero encabeza el listado con un índice de 42,5 puntos. Le siguen Formosa y Salta, ambas con 40,9; Jujuy, con 40,5; y Chaco, con 39,1. Todas estas jurisdicciones pertenecen al norte del país.
El trabajo también detecta que los hogares con niños y adolescentes tienen una presencia significativamente mayor en las provincias más vulnerables. Según los investigadores, esta situación expone una combinación de factores que agravan la pobreza estructural y dificultan las posibilidades de desarrollo futuro.
Las zonas rurales presentan mayores dificultades
Otro de los hallazgos centrales del relevamiento es la diferencia entre áreas urbanas y rurales. En gran parte del país, la vulnerabilidad socioeconómica aumenta fuera de las ciudades, donde persisten mayores obstáculos para acceder a educación, salud, empleo e infraestructura básica.
El informe advierte que las familias que viven en parajes alejados suelen enfrentar problemas vinculados al acceso al agua potable, viviendas precarias, dificultades de conectividad y largas distancias para realizar trámites o recibir asistencia estatal. Los especialistas sostienen que estas condiciones profundizan la exclusión y limitan las oportunidades de las nuevas generaciones.
Para la UCA, la pobreza extrema no puede analizarse únicamente desde los ingresos. La investigación concluye que las mayores privaciones se concentran en territorios donde persisten déficits históricos de infraestructura, servicios y acceso a derechos, especialmente en las comunidades rurales del norte argentino.
