Un informe alerta por el fuerte atraso en las jubilaciones
Un reciente informe económico encendió una nueva señal de alarma sobre la situación de los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales que dependen de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). El estudio sostiene que, si el Gobierno hubiera aplicado una actualización basada en una canasta de inflación actualizada, los haberes deberían ser hoy aproximadamente un 21% más altos.
De acuerdo con el análisis, al que accedió Noticias Argentinas, el Ministerio de Economía decidió seguir utilizando una canasta de consumo elaborada en 2004, postergando la implementación de una nueva metodología estadística que debía comenzar a regir este mes. Esta postergación habría generado que los ajustes otorgados queden muy por detrás del verdadero aumento del costo de vida.
El informe repasa la evolución de los haberes desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, impulsada por el presidente Javier Milei. Entre abril de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima registró un incremento acumulado del 99%. Sin embargo, si la actualización se hubiera calculado con un índice de precios revisado y acorde a la inflación efectiva, el aumento debería haber trepado al 140% en el mismo período.
Esta diferencia del 21% se traduce, según los especialistas, en una pérdida directa y concreta en el bolsillo de los beneficiarios. Solo por el desfase del índice de movilidad, cada jubilado que percibe el haber mínimo habría dejado de cobrar alrededor de $1.032.000 en términos acumulados. A esto se suma el congelamiento del bono extraordinario de $70.000, que permanece sin cambios desde marzo de 2024.
Al incorporar el efecto de ese bono fijo, la merma total estimada asciende a más de $2.401.483 por beneficiario durante el período analizado. Para los analistas, esta combinación de actualización insuficiente y bonos que pierden valor frente a la inflación configura un deterioro sostenido del poder adquisitivo de la población jubilada.
Canasta básica y fuerte pérdida del poder de compra
El trabajo también compara el nivel de ingresos de la mínima con el costo real de la vida de los adultos mayores. En octubre de 2025, la Defensoría de la Tercera Edad calculó que una canasta básica para un jubilado se ubicaba en torno a los $1.514.074. Frente a ese valor, la jubilación mínima más el bono alcanzaban apenas los $396.298.
- Según estas cifras, los ingresos de la mínima solo cubren alrededor de un cuarto de la canasta estimada.
- Traducido en tiempo, el monto percibido apenas permitiría afrontar el gasto de unos 8 días del mes.
Para los autores del informe, esta brecha marca un deterioro estructural en las condiciones de vida de los adultos mayores, que se ven obligados a ajustar consumos básicos como alimentos, medicamentos, servicios y alquileres. Además, se advierte que, de no modificarse la fórmula de movilidad ni actualizarse la base de cálculo, la distancia con el costo de vida podría seguir ampliándose.
Críticas al Gobierno y reclamo por una actualización real
El documento apunta de manera directa al ministro de Economía, Luis Caputo, por la decisión de diferir la actualización de la canasta y de la metodología estadística con el argumento de que se implementará “cuando el proceso de desinflación esté consolidado”. Para los críticos, esta postura implica que el ajuste fiscal recae de manera desproporcionada sobre los jubilados y beneficiarios de la seguridad social.
“Mientras se demora la actualización que debería proteger el poder de compra de las jubilaciones, los salarios de los principales funcionarios del Gabinete se duplicaron y superan los $5 millones”, remarca el informe, en alusión al contraste entre la evolución de los haberes oficiales y la de los ingresos de los sectores más vulnerables.
Organizaciones de jubilados y entidades defensoras de la tercera edad insisten en la necesidad de revisar la fórmula de movilidad, actualizar la canasta de referencia y recomponer de manera progresiva los haberes, con el objetivo de acercarlos al costo real de vida. También reclaman que se revisen los bonos extraordinarios, para que no pierdan valor frente a la inflación y dejen de funcionar como un paliativo cada vez más insuficiente.
En este escenario, el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional y la protección del ingreso de los adultos mayores vuelve a instalarse en la agenda pública, con el desafío de compatibilizar las metas fiscales del Gobierno con la garantía de un piso de dignidad para quienes dependen de Anses.
