El hecho ocurrió en la Escuela de Educación Especial 503. La madre de una nena de 6 años denunció en Fiscalía que la docente Gabriela Bulfón tomó del brazo y arrastró a su hija por el piso mientras transitaba un episodio emocional. Las inspectoras Virginia Vivas, Cecilia Jure y Daniela Ramos separaron del cargo a la docente recién a los seis meses del episodio y tres días después de que la madre presentara la denuncia en la Justicia. Sospechan que las autoridades, en complicidad con la directora Claudia Paganelli, intentaron esconder el acto violento en virtud de que la persona denunciada es esposa de un entonces importante funcionario provincial. Estremecedor relato de la denunciante.
De la redacción de EL NORTE
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En agosto de 2024, una niña de entonces 6 años fue víctima de un brutal hecho de violencia en la Escuela de Educación Especial 503 cuando la docente y asistente social Gabriela Bulfón, según consta en la denuncia radicada en Fiscalía, tomó a la menor del brazo, a los gritos, y la arrastró por el piso. La niña, a quien en adelante identificaremos como K, padece problemas emocionales. Entre otras cosas, se estresa (lo expresa con el llanto) cada vez que ingresa a un lugar en el que se encuentra mucha gente.
Del episodio denunciado en Fiscalía fueron testigos presenciales otras tres docentes del establecimiento al que asisten niños y niñas con diferentes discapacidades. Se resguarda la identidad de las testigos para evitar que puedan ser víctimas de eventuales represalias. Según manifiesta una de ellas, “todas dimos fe del relato que la madre expuso ante la Justicia”. La causa está en manos del fiscal Darío Giagnorio.
Resulta escalofriante escuchar de boca de Roxana Abigaíl Andino el modo en el que la denunciada maltrató a una niña de seis años con dificultades emocionales. Una docente, testigo del hecho, le contó a EL NORTE: “Cuando veo esa situación, agarro a K y me la llevo al salón. No podía creer lo que estaba pasando”.
Con las manos temblorosas por la impotencia que aún la embarga, Roxana, mamá de K, relata: “Como mi nena tiene problemas para comunicar lo que le pasa, yo me entero de los hechos una semana más tarde, cuando me convocaron a una reunión”. Allí estaban presentes la inspectora de Educación Especial, Cecilia Jure, la inspectora en Psicología, Daniela Ramos, y la directora de la Escuela 503, Claudia Paganelli. “Sentaron a la nena al lado mío y empezaron a preguntarle un montón de cosas. Si había alguien malo en la escuela, cómo la trataban, si había tenido algún problema, etc. De pronto mi nena se largó a llorar, y yo quedé desconcertada porque no sabía qué estaba pasando. Fue entonces que mi hija habló e identificó a la docente que la agarró del brazo y la arrastró por el piso. Y a los gritos le decía que ella [la docente] le iba a enseñar a mi hija a no llorar”, cuenta Roxana. “Le pregunté [a las autoridades] por qué habían esperado una semana para informarme del hecho, pero nunca me dieron una respuesta”, añade la mamá de K.
Una de las docentes testigo del violento maltrato explicó que le informó a Cecilia Jure que iba a comunicarse con la madre de K para contarle lo sucedido con la niña. Y afirma que la respuesta de la inspectora fue la siguiente: “No, de eso nos encargamos nosotras”. Lo cierto es que pasaron varios días hasta que convocaron a Roxana para ponerla en autos de lo sucedido con su hija.
Nada de nada
Las semanas transcurrían y la docente denunciada seguía en funciones. Roxana asegura que en reiteradas ocasiones le preguntó a la directora Paganelli si iban a tomar medidas con la denunciada, pero solo recibió respuestas esquivas. “También le pregunté a la inspectora Daniela Ramos, y lo único que me dijo es que el hecho estaba en investigación. No quiso que yo hiciera la denuncia en la Justicia porque ellas se iban a encargar de todo”, cuenta Roxana.
Pasó el tiempo, y las autoridades educativas siguieron mirando a un costado. En febrero de 2025, tras esperar durante seis meses a que las inspectoras Vivas, Jure y Ramos actuaran, Roxana se presentó en Fiscalía. “El detonante fue que llegué a la escuela 11, que comparte edificio con 503, y vi a Bulfón trabajando como si nada. Pensé en mi hija y en otros nenes y nenas que podrían ser víctimas de esta mujer. Y decidí hacer la denuncia”, relata Roxana. Cabe señalar que en Fiscalía se mostraron sorprendidos en virtud de que este tipo de denuncias debe presentarla, obligatoriamente, la directora del establecimiento, en este caso, Claudia Paganelli. “El que me tomó testimonio me preguntó por qué demoré tanto en denunciar. Bueno, es obvio, porque los que tenían que hacerlo no lo hicieron”, sostiene Roxana, con una copia de la denuncia en su mano.
Según explica la madre de K, la inspectora jefa distrital, Virginia Vivas, estuvo al tanto de los hechos desde el primer momento. “Yo informé todo a Jefatura Distrital, siempre por email. También pedí una audiencia, pero la inspectora [Virginia Vivas] nunca me respondió. Al no tener respuestas, el 24 de febrero hice la denuncia en la Justicia”, cuenta.
Como si todo lo relatado más arriba no fuera suficientemente indignante, las autoridades educativas resolvieron apartar del cargo a Gabriela Bulfón, aplicándole el art. 139 del Estatuto del Docente, el 27 de febrero. Es decir, tres días después de que Roxana radicara la denuncia en Fiscalía. En otras palabras, la madre de K tuvo que recurrir a la Justicia para que Vivas, Jure y Ramos decidieran hacer lo que debió hacerse el mismo día del hecho violento.
La pregunta más obvia es por qué las autoridades educativas del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia no actuaron. La respuesta en la que coinciden las personas consultadas es una sola: Gabriela Bulfón, la docente denunciada, es esposa de un entonces importante funcionario de Provincia. Al igual que los trapitos sucios, los hechos gravísimos también se lavan en casa.
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Mientras tanto…
Las autoridades educativas del distrito parecen ser muy selectivas al momento de aplicar sanciones a docentes. Mientras demoraron seis meses en apartar del cargo a Bulfón, cuentan que en el distrito se vive “un festival” de sanciones con el art. 139 a personal jerárquico, en muchos casos por motivos que no ameritan tamaño acto disciplinario. “Esos cargos que quedan vacantes son ocupados por gente afín a ellos, los de La Cámpora”, cuentan. Si ello es así, además de tratarse de un despropósito, representa un perjuicio para el Estado porque se pagan dos salarios jerárquicos en un mismo cargo.
