Un planteo que reabre el debate sobre la seguridad en las prisiones
NewsITe
El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó a la Justicia la prohibición total del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, al advertir que estos dispositivos se han convertido en una herramienta central para la planificación de delitos desde los propios penales.
El planteo está directamente vinculado con la investigación sobre la denominada “Banda del Millón”, una organización delictiva que operaba en la zona norte del conurbano bonaerense y que tiene a 40 integrantes detenidos, acusados de al menos dos homicidios y de una extensa serie de robos violentos.
De acuerdo con la información reunida en la causa, los supuestos jefes de la banda coordinaban los asaltos desde las cárceles, valiéndose de teléfonos celulares para dar órdenes, organizar la logística y monitorear los movimientos de las víctimas. Incluso, en algunos casos, se habrían gestionado transferencias bancarias y cobros de rescates mediante aplicaciones de pago y cuentas digitales.
Fuentes judiciales señalaron que los integrantes de la organización utilizaban también a menores de edad para concretar los hechos delictivos en la calle, mientras que los líderes permanecían detenidos y en comunicación constante por vía telefónica. Esa estructura, según el fiscal, demuestra que el encierro físico no alcanza cuando los detenidos conservan acceso a tecnología que les permite seguir manejando negocios ilegales.
Requisas diarias y bloqueadores de señal
En su presentación, Ferrari reclamó que se refuercen los controles dentro de los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas sugeridas, se destacan la realización de requisas diarias para detectar y secuestrar celulares, así como la instalación de bloqueadores de señal que impidan cualquier tipo de comunicación móvil desde el interior de los penales.
El debate sobre el uso de teléfonos en las cárceles no es nuevo. En distintos puntos del país, investigaciones por extorsiones, secuestros virtuales, estafas y robos organizados han revelado que una parte importante de estas maniobras se coordina desde lugares de detención. Especialistas en materia penal y penitenciaria discuten, desde hace años, cómo compatibilizar los derechos de las personas privadas de la libertad con la necesidad de evitar que las cárceles se conviertan en centros de comando del delito.
- La “Banda del Millón” es investigada por al menos dos homicidios y múltiples robos violentos.
- La acusación sostiene que los líderes dirigían las operaciones desde prisión mediante celulares.
- El fiscal pide prohibición total de teléfonos, requisas diarias y bloqueadores de señal.
Según el fiscal Patricio Ferrari, los presos “planifican, dirigen y ejecutan delitos graves desde los propios establecimientos penitenciarios” gracias al uso de teléfonos celulares.
La resolución que adopte la Justicia en este caso podría marcar un antecedente clave para futuras causas vinculadas al crimen organizado con base en las cárceles. Mientras tanto, el planteo de Ferrari vuelve a poner en primer plano una discusión sensible: hasta qué punto el sistema penitenciario cuenta con herramientas suficientes para evitar que las organizaciones criminales sigan operando tras las rejas.
