Ferrari reclama un cambio de reglas en las prisiones.
El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó a la Justicia la prohibición total del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, luego de una investigación que reveló cómo una organización criminal conocida como la “Banda del Millón” seguía operando desde los pabellones. El planteo reaviva el debate sobre el control de las comunicaciones en los establecimientos penitenciarios y su impacto en la seguridad ciudadana.
De acuerdo con la investigación, al menos 40 detenidos vinculados a esta banda están acusados de dos homicidios y de una extensa serie de robos violentos cometidos en la zona norte del conurbano bonaerense. Según fuentes judiciales, los cabecillas manejaban parte de la logística delictiva desde la cárcel, aprovechando el acceso a teléfonos móviles para coordinar ataques y dar órdenes a los integrantes que permanecían en libertad.
Ferrari advirtió que, pese a estar privados de la libertad, algunos detenidos continúan delinquiendo gracias a los celulares, que se transforman en una herramienta clave para organizar asaltos, seleccionar objetivos y hasta supervisar la distribución del dinero robado. En algunos casos, las víctimas eran forzadas a realizar transferencias bancarias que luego eran monitoreadas en tiempo real desde los penales.
Entre los puntos centrales del pedido, el fiscal solicitó la prohibición expresa del acceso de los internos a teléfonos móviles, la realización de requisas diarias en los pabellones y la instalación de bloqueadores de señal en los penales. El objetivo, sostiene, es cortar la cadena de mando que permite que las bandas sigan activas aun cuando sus líderes ya fueron detenidos.
La “Banda del Millón” y el rol de los menores
La organización delictiva investigada se hizo conocida como la “Banda del Millón” por el volumen de dinero que habría obtenido en distintos golpes. De acuerdo con la causa, los integrantes cometían robos violentos en la vía pública y en domicilios de la zona norte, utilizando armas de fuego e incluso recurriendo a menores de edad para ejecutar algunos ataques.
Los adolescentes eran captados y dirigidos a distancia por los jefes que se encontraban tras las rejas. Las órdenes se impartían mediante llamadas y mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, lo que, según Ferrari, demuestra el rol central que tienen los celulares en el funcionamiento de estas bandas. Para el fiscal, la situación configura un desafío directo al sistema de reinserción y a la propia finalidad de la pena.
Debate sobre derechos y seguridad en el sistema penitenciario
El planteo de Ferrari se inscribe en una discusión más amplia sobre el uso de dispositivos electrónicos en las cárceles argentinas. Mientras sectores vinculados a los derechos humanos remarcan la necesidad de garantizar la comunicación de los internos con sus familias, la Justicia y defensores oficiales, el Ministerio Público y organismos de seguridad señalan los riesgos de que esas mismas herramientas sean utilizadas para organizar delitos complejos.
- Mayor control de las comunicaciones que salen de los penales.
- Implementación de tecnologías de bloqueo selectivo de señal.
- Refuerzo de las requisas y del control interno del Servicio Penitenciario.
- Revisión de protocolos para prevenir el ingreso de dispositivos ilegales.
El expediente ahora quedará en manos del juzgado competente, que deberá evaluar si hace lugar a las medidas solicitadas. La resolución podría marcar un precedente sobre el alcance del uso de celulares en cárceles bonaerenses y abrir la puerta a cambios normativos más amplios en materia de seguridad penitenciaria.
