La Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) anunció los resultados de la investigación realizada entre diciembre 2022 y febrero 2023, “Maravilla de Mujeres contra la Violencia”, que da cuenta de la violencia de género que padecen aquellas personas que provienen de otros países, trans y que tienen alguna discapacidad.
De la Redacción de EL NORTE
[email protected]
Ocho de cada diez mujeres con discapacidad reconoce que vive o vivió alguna situación de violencia o discriminación y el 51 % de las migrantes dijo haber sentido violencia o discriminación por su nacionalidad mientras que nueve de cada diez personas trans aseveró que vive o vivió alguna situación de violencia o discriminación en general y el 16 % afirma estar viviéndola actualmente.
Estos datos se desprenden del informe a cargo de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), realizado con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres, e incluye los resultados de una investigación realizada entre diciembre 2022 y febrero 2023 en contexto del proyecto “Maravilla de Mujeres contra la Violencia” coordinado por María José Lubertino, que tuvo el objetivo de acceder a información de base sobre la situación de violencia de género contra mujeres migrantes, personas trans y con discapacidad que residen en Argentina.
Los resultados de la investigación permitieron la recolección de información tanto cuantitativa como cualitativa sobre los diferentes tipos de violencias a las que están y estuvieron expuestas; las formas en las que se manifiestan esas violencias y las actitudes para enfrentarlas. Este segundo informe es una investigación en profundidad, sobre mujeres con discapacidad, personas trans, migrantes, con discapacidad, y no binarias.
PREVENCIÓN
Más allá de los números el informe, se marca que “la pensión por discapacidad no es compatible con el programa Acompañar sino que hay un programa del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades que está destinado a brindar un recurso a las mujeres en situación de violencia, pero por distintos motivos burocráticos, no se le otorga a la misma persona dos pensiones. Esto significa que la mujer que tiene una discapacidad y que recibe pensión por discapacidad, no tiene la pensión (o el programa) si es víctima de violencia, tiene los problemas de toda persona con discapacidad y además es víctima de violencia”.
Lubertino detalló cómo se inició el proyecto del que también fueron parte mujeres que en sus roles de tutoras contaron en primera persona sus experiencias como víctimas de violencias y el camino de empoderamiento que han realizado para poder ayudar a quienes hoy están donde ellas lo estuvieron. Desde un concurso global durante 2022, se seleccionaron unos 500 proyectos de todo el mundo dentro de decenas de miles de proyectos presentados a Naciones Unidas. Este fue seleccionado porque les interesó particularmente el foco en estos grupos vulnerabilizados y la experiencia de la organización, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, en el abordaje interseccional en el que se cruzan discriminación de género con las otras.
El fin general del estudio es “generar insumos para el diseño y ejecución de programas estratégicos de prevención.”
LA MUESTRA
La muestra fue de 300 mujeres (100 mujeres migrantes; 100 mujeres con discapacidad y otras 100 trans), de las cuales, el 34 % habita en el Gran Buenos Aires, el 26 % en la Ciudad y el 11.2 % en el resto de la provincia, mientras que el resto se distribuye en el resto del país.
Al consultarlas sobre si padecieron o padecen alguna situación de violencia y/o discriminación, resulta contrastante el bajo nivel de denuncias (11.9 %) que manifiestan haber realizado ante los hechos vividos: el 70 % de las encuestadas dice no haber denunciado institucionalmente aunque el segmento donde se concentró la mayor cantidad de denuncias es el de mujeres con discapacidad (21.2 %) y las que tienen la menor cantidad de denuncias es el de las mujeres migrantes (76.2 %).
El tipo de violencia que padecen, sobre todo, las mujeres con discapacidad motriz (siete de cada una de ellas tuvo esta experiencia), son comentarios o bromas sobre la apariencia física, el cuerpo y la vestimenta que llevan. Tres de las mujeres con discapacidad que participaron del estudio reconocieron haberse sentido obligadas a tener relaciones sexuales sin consentimiento por temor a represalias o porque su vida corría o corre peligro. Sólo una de ellas denunció en una comisaría y la asesoraron sobre los pasos y procedimientos a seguir.
ORIGEN Y ESPACIOS
La muestra de mujeres migrantes se realizó según parámetro de la Encuesta Nacional Migrante realizada por CONICET y la Red de Investigaciones en Derechos Humanos en 2020, con mujeres de origen paraguayo, boliviano, chileno, peruano, italiano y venezolano, entre otros.
Del total que participó en el informe, ocho de cada 10 mujeres manifestó haber pasado o estar pasando situaciones de violencia o discriminación (80 %). Esas situaciones ocurren principalmente en el espacio público: cerca del 85 % vivió una situación de hostilidad en calles, plazas, transporte público y espacios comerciales; el 33 % del total de la muestra remite al hogar como lugar de ejercicio de violencia y discriminación.
Otras manifestaron que el lugar de trabajo (20.4 %), tanto en ámbito semiprivado y de vivencia diaria, les resulta poco amigable (22,6 %): más de un cuarto de las menciones (26 %) refiere a hospitales o centros de salud como focos en los que se presentan actitudes de violencia y discriminación.
Para ellas, el hogar o ámbito familiar (30 %) es el espacio más frecuente donde se ejerce violencia o discriminación, especialmente para las migrantes provenientes de Paraguay, entre las menores de 30 años que son principales sostén de su hogar. El segundo ámbito más frecuente es el espacio público mencionado por mujeres entre 30 a 39 años.
Casi todas las situaciones de violencia son ejercidas por varones (parejas, 16 %; exparejas, 14 %; o conocidos, 7 %; o sea, en el ámbito personal / familiar). En cambio, tanto en las situaciones de violencia laboral como en situaciones educativas son mujeres las reconocidas, en mayor medida, como agresoras: las principales situaciones de violencia están referidas a maltrato verbal relacionado a su apariencia física (comentario y bromas sobre su cuerpo o vestimenta) y la segunda, al intento o concreción de agresiones físicas (“alguien intentó agredirme físicamente”- “alguien me golpeó/lastimó físicamente”).
Las que más dijeron haber padecido o padecer violencia física y, con mayor frecuencia, verbal son las mujeres bolivianas y las menores de 30 años. De ellas, muy pocas hicieron alguna denuncia frente a la situación vivida. Las denuncias están principalmente vinculadas a situaciones de agresión física y fueron denunciadas en la comisaría y en menor orden en la Fiscalía de Violencia de Género.
