La reglamentación de la ley que prohíbe las reelecciones cuando se transiten los dos períodos consecutivos deja una puerta abierta para que algunos puedan aventurar un tercer mandato en 2023. Los casos legislativos que ponen a prueba la estrategia este año.
Rosío Antinori asumió como diputada provincial el 10 de diciembre de 2015, en reemplazo del electo intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. En 2017 fue en la boleta de Cambiemos e ingresó nuevamente a la Cámara Baja. Ahora aparece cuarta en la lista interna patrocinada por el Pro en la alianza Juntos, con aspiraciones a un nuevo mandato.
Mariano Cascallares fue electo intendente de Almirante Brown por el Frente para la Victoria en 2015 y reelecto en 2019 por el Frente de Todos. Este año encabeza la lista de la Tercera Sección Electoral y el 10 de diciembre asumirá como diputado provincial.
¿Qué tienen en común una legisladora de la Sexta Sección enrolada en la oposición con un intendente peronista del populoso Conurbano? Ambos exploran, de distinto modo pero con el mismo objetivo, una estrategia para hacerle una gambeta a la Ley 14.836, que prohíbe las reelecciones por más de dos períodos consecutivos. Un artículo en el decreto reglamentario de esa norma es el que habilita la maniobra.
Queriendo o no, con la candidatura de la legisladora tresarroyense, Juntos hace punta en un tema que preocupa desde hace mucho a la mayoría de los intendentes que transitan su segundo período o más al frente de una comuna, sobre todo a los alcaldes peronistas de la Primera y Tercera sección. La mayoría quiere tener la chance de poder renovar en 2023, por un lado porque no hay salida hacia arriba (cargos legislativos o ejecutivos) para todos y por el otro porque los caciques con final anunciado comienzan a tener pronto problemas internos por la sucesión.
Ese argumento es sencillo y encuentra el fundamento en el artículo 1 del decreto reglamentario, que firmaron la exgobernadora María Eugenia Vidal, el por entonces jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre. El texto dice, casi sin dejar lugar a duda, que “la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo establecida abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados”.
