UATRE exige al Gobierno que mantenga la compatibilidad laboral
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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que unos 120.000 puestos de trabajo en el sector rural podrían verse afectados en todo el país, luego de que el Gobierno nacional dejara vencer el régimen que permitía compatibilizar el trabajo temporario con distintos planes y programas sociales.
Se trata del Decreto 514/2021, una normativa que habilitaba a las y los trabajadores rurales a acceder a empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente beneficios como Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo. El esquema también contemplaba una reducción de contribuciones patronales para los empleadores del sector agropecuario.
La disposición venció el 1 de septiembre y, según informó el gremio, hasta el momento no hubo respuesta oficial ni prórroga por parte del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Días antes del vencimiento, el sindicato había enviado una carta formal, firmada por su secretario general, José Voytenco, para solicitar la extensión “urgente” del régimen por considerar que se trata de una herramienta clave para promover el empleo formal en el campo.
Preocupación por el impacto en las economías regionales
Desde UATRE remarcan que la experiencia de los últimos años demostró que el mecanismo de compatibilidad es “fundamental” para sostener la actividad y garantizar ingresos estables a las familias rurales. Sin este esquema, alertan, se genera el efecto contrario al buscado: se desincentiva la formalización laboral, se complica la cobertura de mano de obra local y se resienten las economías regionales, fuertemente dependientes del trabajo temporario en cosechas y campañas específicas.
El gremio cuestionó lo que considera una “negligencia del Estado” al no evaluar el impacto de la decisión sobre toda la cadena productiva: desde los trabajadores y sus familias hasta los productores y empresas del sector agropecuario. También insistió en que las políticas sociales deben funcionar como un puente hacia el empleo formal y no como una barrera que desaliente la registración.
- 120.000 puestos rurales podrían verse afectados por la falta de prórroga.
- La compatibilidad permitía mantener beneficios sociales y, a la vez, acceder a empleo registrado.
- El esquema contemplaba incentivos para empleadores mediante reducción de cargas patronales.
Un régimen que atravesó tres gestiones
El régimen de compatibilidad fue implementado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández por un plazo inicial de dos años y renovado luego en 2023. Más tarde, la actual administración de Javier Milei lo extendió por un año adicional, hasta septiembre de 2024, también con demoras en la definición. Con el nuevo vencimiento y sin una prórroga vigente, el escenario vuelve a quedar en incertidumbre para miles de trabajadores temporarios.
UATRE sostiene que la promoción del trabajo registrado, combinada con una protección social adecuada, contribuye al fortalecimiento de las economías regionales, mejora la capacidad productiva y exportadora del país y aporta previsibilidad a las próximas campañas agrícolas. En este contexto, el sindicato reclama una rápida intervención del Gobierno nacional para evitar la pérdida de empleos y garantizar reglas claras para trabajadores y empleadores del sector rural.
“Las políticas sociales no deben ser una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”, planteó UATRE en su comunicado.
A la espera de una definición oficial, el gremio mantiene el estado de alerta y advierte que, de no resolverse la continuidad del régimen, podría profundizarse la crisis laboral en el campo y en las economías regionales que dependen del trabajo estacional.
