TSJ porteño ordena aplicar nueva ley en indemnización laboral

Revés judicial para la Cámara Laboral y aval a la Ley de Modernización

Sede judicial donde sesiona el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

NewsITe

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ordenó que se aplique la Ley de Modernización Laboral para actualizar una indemnización por despido en una causa contra el Banco Hipotecario. La resolución implica un fuerte respaldo al régimen de actualización de créditos laborales previsto en el artículo 55 de la Ley 27.802.

El caso se originó a partir de la demanda por despido de una trabajadora del Banco Hipotecario, cuya indemnización había sido recalculada por la Sala IX de la Cámara Laboral mediante un mecanismo de actualización que declaraba inconstitucional la prohibición de indexar establecida en las leyes 23.928 y 25.561. Sobre ese criterio, la Cámara dispuso ajustar el crédito desde su exigibilidad usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés puro del 3% anual.

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Frente a ese fallo, el Banco Hipotecario presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ, al considerar que la decisión era arbitraria y se apartaba de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”. Durante el trámite de la causa, el 6 de marzo de 2026, entró en vigencia la Ley de Modernización Laboral, que incorporó un nuevo esquema de actualización para créditos laborales en juicios en curso sin sentencia firme.

El artículo 55 de esa norma dispone que los créditos laborales deben actualizarse tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, con un tope equivalente al resultado de ajustar el capital por el IPC-INDEC más un 3% anual. Además, establece que en ningún caso el monto final puede ser menor al 67% de lo que surja de esa fórmula, configurando así un piso de protección para el trabajador.

Fundamentos del fallo y alcance para los juicios laborales

En el expediente “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ despido”, el TSJ hizo lugar al planteo del banco y rechazó el pedido de la trabajadora, quien había cuestionado la constitucionalidad del artículo 55. Según la mayoría del tribunal, declarar inválida una ley debe ser un recurso de “última ratio”, reservado para supuestos de violaciones graves y manifiestas a la Constitución.

Los jueces consideraron que el régimen transitorio diseñado por el Congreso responde a una decisión de política legislativa en materia económica y laboral, que no vulnera ni el principio de igualdad ni el derecho de propiedad de las partes. En esa línea, destacaron que el piso del 67% previsto para la actualización se adecua a la doctrina de la Corte Suprema sobre no confiscatoriedad, fijada en el precedente “Vizzoti”.

Asimismo, el TSJ vinculó su decisión con el criterio recientemente adoptado por la Corte Suprema en el caso “Cabana Opanasiuk”, en el que también se avaló la aplicación de la Ley de Modernización Laboral para la actualización de créditos en procesos en trámite. De esta manera, el máximo tribunal porteño se alinea con la tendencia jurisprudencial que busca unificar el tratamiento de los intereses e indexaciones en materia laboral.

Claves de la actualización de créditos laborales

  • Se aplicará el artículo 55 de la Ley 27.802 para recalcular la indemnización de la trabajadora del Banco Hipotecario.
  • La tasa de referencia es la pasiva del Banco Central, con un tope fijado por el IPC-INDEC más un 3% anual.
  • El monto final no puede ser inferior al 67% de lo que surja de la fórmula de actualización establecida por la ley.
  • La decisión del TSJ se apoya en la doctrina de la Corte Suprema en los casos “Oliva”, “Lacuadra”, “Vizzoti” y “Cabana Opanasiuk”.

La mayoría del TSJ sostuvo que la invalidez de una ley sólo puede declararse en casos excepcionales y que el nuevo régimen de actualización laboral no resulta confiscatorio ni discriminatorio.

Con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad consolida la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en los juicios en curso, lo que podría impactar en numerosos expedientes donde aún se discute cómo actualizar las indemnizaciones por despido. La resolución será observada de cerca por abogados laboralistas, empleadores y sindicatos, en un contexto de alta inflación y debates permanentes sobre el poder adquisitivo de las sentencias judiciales.

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