Trump reclama más de cinco millones de euros por gastos legales
NewsITe
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un reclamo formal para que el Estado de Georgia le reembolse 6,2 millones de dólares (más de 5,3 millones de euros) en concepto de costas legales. La solicitud se apoya en una nueva normativa estatal que permite a los acusados exigir el pago de honorarios de abogados y otros gastos cuando se determina que hubo conducta indebida por parte de la Fiscalía.
El planteo fue dirigido a la Fiscalía del Distrito de Georgia, que impulsó la causa por presunta interferencia electoral en las presidenciales de 2020. A Trump se lo acusaba de haber intentado revertir los resultados en ese estado clave, donde finalmente se impuso el demócrata Joe Biden por un margen ajustado. La defensa del republicano sostiene que, tras la descalificación de la fiscal a cargo, corresponde que el Estado asuma los costos del proceso.
El caso se originó en 2023, cuando la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, impulsó una amplia acusación basada en la legislación estatal de crimen organizado. Allí se imputaba a Trump y a varios de sus principales colaboradores de la campaña de 2020 por una presunta conspiración para interferir en el conteo de votos y en la certificación del resultado electoral.
La desestimación del caso y el rol de la fiscal Fani Willis
La causa quedó seriamente comprometida luego de que saliera a la luz que Willis mantenía una relación sentimental con el abogado al que había designado para llevar adelante la acusación. Esa situación motivó cuestionamientos éticos, presentaciones judiciales y, finalmente, la intervención de un tribunal de apelaciones de Georgia, que en 2024 decidió apartar a la fiscal del expediente.
Tras ese revés, un fiscal sustituto terminó solicitando el archivo de la causa a fines de noviembre, al considerar que no valía la pena continuar. El juez aceptó el pedido y el proceso quedó desestimado. “Considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación de todos los involucrados sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo”, argumentó entonces el fiscal Pete Skandalakis.
En paralelo, el caso se superponía con la investigación federal que llevaba adelante el fiscal especial Jack Smith, centrada también en el intento de revertir la derrota electoral de Trump. Esa investigación terminó perdiendo fuerza cuando, a fines de 2024, el republicano fue reelegido presidente de Estados Unidos y Smith retiró los cargos federales en su contra.
La estrategia de Trump y el clima político en Estados Unidos
El reclamo millonario por costas legales se inscribe en la estrategia de Trump de presentarse como víctima de una “caza de brujas” judicial impulsada por sus adversarios políticos. Desde el inicio de las causas vinculadas a la elección de 2020, el republicano sostuvo que las investigaciones tenían un componente político y que buscaban impedir su retorno a la Casa Blanca.
La nueva ley de Georgia, que habilita el reembolso de gastos cuando se comprueba mala conducta fiscal, abre ahora una vía para que el expresidente intente recuperar parte del dinero invertido en su defensa. El planteo no sólo tiene impacto económico, sino también simbólico: si prospera, reforzaría el argumento de Trump de que fue injustamente perseguido.
Con el país aún polarizado por las secuelas de las elecciones de 2020 y por las proyecciones hacia futuros comicios, la ofensiva legal del republicano vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia en Estados Unidos, el rol de los fiscales en causas de alto voltaje político y los límites entre investigación penal y disputa partidaria.
