El Departamento de Justicia de EE.UU. cita a periodistas por un informe sensible
NewsITe
Una nueva pulseada entre la Casa Blanca y la prensa independiente vuelve a encender las alarmas sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, citó a declarar a varios periodistas del diario The New York Times por un artículo en el que se detallan supuestas fallas de seguridad en el Air Force One, el emblemático avión presidencial.
Según consignan medios estadounidenses, los reporteros deberán presentarse el próximo miércoles ante un tribunal federal en Manhattan. La citación se enmarca en una presunta violación de la ley penal federal, aunque los documentos judiciales no especifican con claridad cuál sería el delito atribuido. Para analistas y organizaciones de prensa, se trata de un nuevo capítulo en la ofensiva del trumpismo contra los medios críticos.
Lo que causó mayor inquietud dentro de la redacción del Times fue la forma en que se cursaron algunas de las citaciones: agentes federales se presentaron directamente en los domicilios particulares de los periodistas involucrados. De acuerdo con lo reconstruido por la agencia Noticias Argentinas, ese procedimiento fue interpretado como un intento de intimidación y un mensaje directo hacia todo el staff del diario.
La investigación sobre el avión presidencial y la reacción oficial
El trabajo periodístico cuestionado reveló que el Servicio Secreto habría recomendado a Trump utilizar el viejo Air Force One para un reciente viaje oficial a Turquía. El motivo: presuntas fallas de seguridad en el Boeing 747-8, una aeronave de lujo donada por el gobierno de Qatar en mayo de 2025 y destinada a convertirse en el nuevo avión presidencial.
El informe, firmado por los periodistas Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, se apoyó en fuentes que solicitaron mantenerse en el anonimato. Según trascendió, un funcionario del FBI que tuvo acceso previo al contenido del artículo pidió que no fuera publicado y exigió, además, conocer la identidad de quienes filtraron la información sobre las fallas técnicas del avión. La redacción rechazó ambas presiones y el texto se difundió tal como estaba previsto.
Frente al accionar del Departamento de Justicia, el abogado del New York Times, David McCraw, emitió un duro comunicado. Allí cuestionó abiertamente las citaciones y la presencia de agentes en los hogares de los reporteros, al considerar que se trata de un hecho que vulnera principios básicos de la democracia estadounidense.
“La presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege”, advirtió McCraw, quien calificó la maniobra como “un intento descarado de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país”.
Libertad de prensa bajo presión
La relación entre Trump y los grandes medios de comunicación fue tirante desde el inicio de su mandato, con acusaciones recurrentes de “fake news” hacia diarios y cadenas que cuestionaban su gestión. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras han advertido en reiteradas oportunidades que ese clima de hostilidad oficial puede derivar en medidas concretas de amedrentamiento, como las que ahora enfrenta el New York Times.
- Citaciones judiciales a reporteros por publicar filtraciones sobre seguridad presidencial.
- Intervención de agentes federales en domicilios privados de periodistas.
- Presión para revelar fuentes confidenciales vinculadas al Air Force One.
En este contexto, la causa abierta contra los periodistas no sólo pone en juego el futuro de esa investigación puntual, sino también el alcance de la protección constitucional a las fuentes y al trabajo de la prensa. Para distintos expertos en derecho y comunicación, el desenlace del caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder político frente al derecho ciudadano a estar informado.
