La Comisión Nacional de Regulación aseguró que emitió sanciones por el incumplimiento de normativa vigente en relación con los tickets sin costo para esta población. Sin embargo, miles de usuarios siguen afectados, y -al igual que distintas organizaciones en todo el país- las familias nicoleñas también manifestaron su preocupación. “Esto no debería estar sucediendo”, dijo a EL NORTE Patricia Sánchez desde TEA San Nicolás.
De la Redacción de EL NORTE
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Luego de la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia dispuesta por el Gobierno nacional, las personas con discapacidad comenzaron a notar inconvenientes al momento de intentar gestionar los pasajes sin costo que por legislación vigente se encuentran establecidos. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aseguró que ha sancionado a empresas por incumplir la emisión de tickets gratuitos para esta población, y emitido intimaciones en todo el país. De continuar estas infracciones, el organismo se comprometió mediante un comunicado a tomar medidas judiciales dado que “el beneficio sigue vigente y no fue modificado”. Lo cierto es que miles de usuarios siguen afectados, y -al igual que distintas organizaciones en todo el país- las familias de San Nicolás también manifestaron su preocupación por la problemática.
Las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial de Incucai tienen derecho a transportarse gratuitamente en servicios nacionales, según normativas vigentes.
TGD Padres TEA San Nicolás
“Esta situación genera mucho estrés en las personas con discapacidad y sus familias, ansiedad y gasto económico innecesario. No poder conseguir sus pasajes por cuestiones de salud o de cualquier índole sin costo es algo que no debería estar sucediendo. Las empresas se aprovechan ante nuevas disposiciones, lo mismo sucede con las obras sociales, por ejemplo. Enseguida cortan las prestaciones, los derechos. Aprovechan mientras tanto hasta que estas cuestiones vuelven a regularse. El gasto económico que tienen que hacer por este incumplimiento no lo devuelve nadie”, notó a EL NORTE la referente de TGD Padres TEA San Nicolás Patricia Sánchez.
Ante el faltante de pasajes, los usuarios y usuarias pueden realizar denuncias a través de la página de la CNRT www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt o telefónicamente al 0800 333 0300.
Postura empresarial
Las cámaras empresariales del sector marcan que ya no están obligadas a cumplir con los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y cuestionaron que la Secretaría de Transporte no haya reglamentado todavía el nuevo esquema ni haya definido si se mantiene vigente esa cesión y quién se hace cargo del costo de los tickets.
El régimen normativo y operativo vigente hasta la primera semana de octubre establecía que las empresas de ómnibus habilitadas para prestar servicios regulares de larga distancia tenían la obligación de trasladar en todos los viajes, en forma gratuita, hasta dos personas con certificado de discapacidad.
Con el nuevo Decreto 883/24, se eliminó el carácter de “servicio público” y se introdujo un nuevo esquema legal que desregula y flexibiliza la actividad del sector.
Piden respuesta del Estado
Según los números del empresariado, mensualmente se entregan alrededor de 100.000 pasajes sin cargo, con un costo aproximado para el sector de $3500 millones. Si bien el Estado se había comprometido a compensar parcialmente ese gasto, nunca lo hizo en los tiempos y plazos acordados.
La Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadis) señaló que no obtuvieron respuestas del Gobierno cuando solicitaron convocar a la Agencia Nacional de Discapacidad para buscar una solución a este problema que involucra a empresas y operadoras del sector.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) también cuestionó la pretensión oficial de querer mantener la entrega obligatoria de pasajes sin cargos en medio del nuevo escenario de desregulación y liberalización de los servicios. Asimismo, reclamó la creación urgente de un sistema que “elimine o minimice la carga pública de gratuidades, asegurando que no recaigan desproporcionadamente sobre las empresas en el actual contexto de competencia con el sector aéreo”.