“Es una aberración más por parte de asesinos que no pueden seguir conviviendo en sociedad”, dijo Manuel Adorni sobre el robo en el que murió la nena en La Plata.
Tras el crimen de una nena de 7 años durante un robo en La Plata y la confirmación de que los dos sospechosos detenidos tienen 14 y 17 años, el Gobierno nacional ratificó su intención de impulsar una baja en la edad de imputabilidad.
“Es una aberración más por parte de asesinos que no pueden seguir conviviendo en sociedad matando gente”, expresó el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el asesinato de Kim Gómez.
Las declaraciones surgieron después de que fuentes policiales y judiciales revelaran la edad de los acusados. Uno de ellos, de 17 años, había sido demorado recientemente por otro robo automotor, aunque la fiscalía a cargo ordenó su inmediata liberación por tratarse de un menor.
“Es un tema en agenda. (Patricia, ministra de Seguridad de la Nación) Bullrich lo dijo. Lo vamos a trabajar”, agregó Adorni.
Proyecto de Régimen Penal Juvenil
A fines de junio del año pasado, Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmaron el envío al Congreso de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. En los meses siguientes, la iniciativa quedó postergada en la agenda parlamentaria.
El denominado proyecto de “Régimen Penal Juvenil” propone una serie de medidas para ordenar el Código Penal según los delitos. La iniciativa establece que la imputabilidad abarcaría a adolescentes de entre 13 y 18 años.
Privación de libertad y medidas complementarias
El proyecto detalla que los menores que cometan delitos podrán ser privados de su libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. También establece la obligación de notificar a los padres sobre la imputación y los actos procesales.
Asimismo, contempla la imposición de medidas complementarias para las condenas condicionales, como asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar empleo, comparecencia ante el tribunal y prohibición del consumo de alcohol y estupefacientes.
Penas y tratamiento de menores no imputables
El proyecto prevé penas de 3 a 6 años de prisión “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica, lesiones gravísimas en delitos culposos ni antecedentes de otros procesos o condenas”.
En los casos de menores no imputables (menores de 13 años), el juez investigará igualmente la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la posible intervención de terceros.
