La inequidad en el reparto de subsidios nacionales en favor de las empresas y usuarios del AMBA es el germen del escenario crítico que atraviesa el sistema de transporte público. Y pone al interior ante la necesidad de encontrar alternativas que impidan que quienes utilicen el colectivo sean rehenes de una discusión que es económica y –fundamentalmente– política. ¿Quién tiene la solución? La política, precisamente, porque se trata de un servicio público. El problema no se resuelve porque todos coinciden en el diagnóstico pero nadie se hace cargo de la solución.
De la redacción de EL NORTE
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La sesión ordinaria celebrada el jueves en el Honorable Concejo Deliberante dejó expuestas las posiciones del oficialismo y la oposición en el conflicto por la viabilidad del sistema de transporte público en San Nicolás. El eje del reclamo, los subsidios insuficientes que transfiere el Estado nacional al interior del país, no encuentra entre las fuerzas políticas que integran el cuerpo deliberativo local un punto de acuerdo que permita una solución alternativa al problema que no resuelve el Estado nacional y que impacta de lleno en el usuario.
En el último encuentro de ediles, se aprobó el ingreso de un proyecto de ordenanza presentado por la bancada del Frente de Todos, que en su artículo primero establece la creación en el ámbito de la administración municipal, de un «Fondo Económico de Asistencia y Fomento al Sistema de Transporte Público Automotor de Pasajeros». Esto, para los concejales de la oposición, tiene como objetivo garantizar el acceso al transporte público a partir de la amortiguación del impacto inflacionario en la tarifa. «El fondo se financiará con recursos provenientes de lo recaudado en concepto de derechos de acarreo, multas y contravenciones e ingresos varios de libre disponibilidad», expresa el texto del expediente que deberá ser abordado en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Según el proyecto, esos recursos deben destinarse a subsidiar los incrementos en las tarifas del transporte público de pasajeros que se autoricen en el presente año.
La reacción del oficialismo ante la propuesta opositora revela un posicionamiento, por lo pronto, inflexible. A punto tal que Bernardo Cepeda (Juntos por el Cambio) calificó la iniciativa como “aberrante”. “Vivimos uno de los peores momentos de los últimos 40 años de la democracia. Y la solución que trae el bloque kirchnerista es meterle la mano en el bolsillo a los nicoleños para sacarles más recursos. Me parece aberrante el proyecto. Porque estos recursos que quieren reunir en un fondo especial para financiar a una empresa privada no salen del Intendente, sino del bolsillo de los nicoleños”, dijo el concejal passaglista, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos. Vale aclarar algo: el proyecto no contempla crear un nuevo tributo, sino disponer de redirigir al transporte recursos que se están cobrando. Dicho esto, ¿qué impacto real tendrá la utilización de esos recursos en el sostenimiento de los actuales valores del boleto? No lo aclara el proyecto. Tampoco establece qué porcentaje de lo recaudado por acarreo, multas y recursos de libre disponibilidad serían afectados al sostenimiento de la tarifa. Muy en el aire, la propuesta.
“Dos países”
La disputa política es clara. Lo que no termina de aclararse es el camino para hallar la solución a un problema que impacta en los usuarios más que en la política.
Vercelli Hnos., prestataria del servicio en San Nicolás, también reclama que el Municipio tome cartas en el asunto, tal como lo han hecho intendentes y concejales de otras ciudades. Si no es con aportes directos, que sea con gestión ante las autoridades nacionales y provinciales.
En el programa «Pila & Media» (Radio U) se le preguntó al intendente Manuel Passaglia sobre el tema. “Es un dato de la realidad que el Gobierno nacional le otorga más subsidios a las empresas de Capital Federal y el conurbano, en desmedro de las empresas del interior del país. Claramente, hay dos países a la hora de distribuir subsidios al transporte. Lo mismo ocurre con obra pública. Parece la época de unitarios y federales”, dijo.
La respuesta del jefe comunal, fuertemente política, no despeja un camino de solución. Sus argumentos, más bien, refuerzan que la llave de salida al conflicto está en manos de la política. “Ellos [el Gobierno nacional] apuestan todo al conurbano a pesar de que todos los argentinos pagamos la misma cantidad de impuestos. Es decir, si todos los argentinos hacen un mismo esfuerzo para pagar los impuestos, entonces que todos accedan a los mismos derechos. Es inexplicable que un Gobierno discrimine de esa forma. Solo se puede entender por una cuestión electoralista”, agregó Manuel Passaglia.
El intendente, además, se refirió a la cuestionada licitación del servicio de transporte público de San Nicolás. “Hay una licitación por 21 años que llevó a cabo un exintendente”, dijo en referencia a Marcelo Carignani. “Nosotros estamos cumpliendo ese contrato, porque de lo contrario se expondría a la Municipalidad de San Nicolás a un juicio millonario”, afirmó. Y completó: “Cuando el servicio vuelva a ser licitado habrá que hacer un nuevo estudio que establezca cuáles son las necesidades, y seguir lo que evalúen los especialistas”.