Los movimientos se realizaron en 12 días desde cuentas del sindicato y su obra social hacia estructuras asociadas a la esposa del líder gremial. Las operaciones coinciden con una crisis financiera en Oschoca y con una causa judicial por presunto fraude.
Desde las cuentas del Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) se transfirieron cerca de $900 millones en un lapso de 12 días hacia fideicomisos vinculados a Liliana Esther Zulet, esposa de Hugo Moyano y administradora del entramado empresarial ligado al gremio. Según publicó La Nación, las operaciones se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025 y coincidieron con un escenario de creciente tensión financiera dentro de la obra social.
Los giros se realizaron desde cuentas radicadas en el Banco Provincia y tuvieron como destino tres fideicomisos creados a fines de 2024. La secuencia temporal de las transferencias, junto con el contexto económico de Oschoca, generó alertas internas dentro del sindicato, de acuerdo con los detalles difundidos por La Nación.
Las dos primeras operaciones se concretaron el 5 de septiembre. Una de ellas fue por casi $50 millones hacia el fideicomiso Thoth. La segunda superó los $90 millones y tuvo como destinatario a Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que en el pasado mantuvo vínculos comerciales con Moyano en una empresa de seguridad privada.
Días después, el 9 de septiembre, se concretó una tercera transferencia por $147 millones desde la cuenta del sindicato hacia el fideicomiso Khasis. Las dos últimas operaciones se efectuaron desde la cuenta de la obra social: el 16 de septiembre se giraron cerca de $30 millones a Dhanvantari y, al día siguiente, se transfirieron casi $590 millones al mismo destino.
Fideicomisos, empresas y vínculos familiares en el circuito de fondos
Los tres fideicomisos que recibieron los fondos comparten un rasgo común: fueron constituidos entre noviembre y diciembre de 2024 y fijaron domicilio fiscal en la avenida Belgrano 1255. En esa dirección funcionan empresas históricamente vinculadas a Zulet, como Iarai, Aconra y Dixey, que integran el holding empresarial que presta servicios al sindicato.
Estas compañías tienen como principal cliente al propio gremio camionero y, según información difundida por La Nación, registraron ganancias sostenidas a lo largo del tiempo. En sus estructuras directivas participan, además de Zulet, sus hijos Valeria Salerno y Juan Noriega Zuleta, así como Jerónimo Moyano, hijo del dirigente sindical.
De acuerdo con fuentes citadas en la investigación periodística, los fondos transferidos a los fideicomisos tendrían como destino final esas empresas. En ese esquema, el fideicomiso Khasis canalizaría recursos hacia la constructora Aconra, Thoth hacia la textil Dixey y Dhanvantari hacia Iarai, que administra la obra social.
En paralelo, se registran antecedentes de cuestionamientos sobre el vínculo entre el sindicato y estas firmas. En 2010, la actual legisladora Graciela Ocaña denunció un presunto desvío de fondos hacia empresas vinculadas a la familia Moyano, causa que tuvo escaso avance judicial en los años posteriores.
A su vez, informes de la Unidad de Información Financiera revelaron movimientos patrimoniales relevantes en el entorno familiar, incluyendo el blanqueo de capitales por más de un millón de dólares y la adquisición de propiedades en zonas exclusivas del conurbano bonaerense.
Crisis en la obra social y tensión interna en el gremio
El flujo de fondos hacia los fideicomisos se produce en un momento crítico para Oschoca, que atraviesa una crisis financiera con una deuda estimada en torno a los $60.000 millones, según fuentes sindicales. Parte de ese déficit surge de obligaciones acumuladas en las seccionales del interior, sin contabilizar el peso específico de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de los afiliados.
Para sostener la estructura, el gremio implementó un aporte extraordinario acordado en paritarias, mediante el cual las empresas contribuyen mensualmente con un monto fijo por trabajador. Sin embargo, esa asistencia no logró revertir el deterioro en los servicios.
Actualmente, solo uno de los cinco sanatorios de la obra social funciona con normalidad, mientras que se redujeron beneficios en medicamentos, se implementaron coseguros y se registran demoras en el pago de salarios al personal de salud.
El escenario derivó en conflictos internos y cuestionamientos a la conducción. Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, renunció al directorio de la obra social y responsabilizó a Zulet por el déficit. También expresó su desacuerdo con la venta de activos del sindicato para afrontar la crisis.
En este contexto, el frente judicial abierto en Mar del Plata agrega presión sobre la conducción sindical. Allí se investiga un presunto fraude millonario en un hotel del gremio, causa que podría ampliarse a las cuentas centrales del sindicato. Según fuentes del expediente citadas por La Nación, una eventual pericia contable podría obligar a exhibir los libros completos de la organización.
Mientras tanto, el entramado económico que rodea al sindicato —que incluye propiedades, empresas y distintos rubros de actividad— se mantiene como eje de disputa interna y como factor central en la sostenibilidad del poder construido durante décadas por Hugo Moyano.
