Torres reclama el uso pleno de la Ley Antimafia en Chubut
NewsITe
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, instó a la Justicia a aplicar de manera integral la Ley Antimafia para investigar y juzgar a las organizaciones criminales que operan en Comodoro Rivadavia, en particular a las familias Vera y Nieves, señaladas por su participación en distintos hechos violentos en la ciudad petrolera.
El pedido se conoció tras el asesinato de dos personas en la madrugada, una de las cuales era testigo clave en una causa por el homicidio de un integrante de la familia Nieves, hecho que se le atribuye al acusado Agustín Vera. Para el mandatario provincial, este nuevo episodio de violencia confirma la necesidad de avanzar con herramientas más firmes contra el crimen organizado.
Torres remarcó que “la solución no es suspender ningún juicio” y reclamó condenas ejemplares en el marco de la Ley Nacional N° 27.786, conocida como Ley Antimafia, a la que Chubut adhirió a comienzos de 2025. Según el gobernador, esta normativa permite atacar no sólo a los autores materiales de los delitos, sino también a toda la estructura económica y logística que sostiene a las bandas criminales.
De acuerdo con la investigación judicial, una de las víctimas del reciente ataque contaba con antecedentes penales y había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico. Sin embargo, obtuvo la libertad tras una reducción de su pena original, lo que vuelve a poner en debate el criterio de las excarcelaciones y los beneficios otorgados a condenados por delitos graves.
Mesa de trabajo y alcance de la Ley Antimafia
En este contexto, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por las fuerzas de seguridad provinciales y federales, fiscales y representantes del Poder Judicial. El objetivo será coordinar estrategias para investigar, desarticular y sancionar a las organizaciones que, según remarcó, “vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.
La Ley Antimafia, en línea con estándares internacionales contra el crimen organizado, permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización, desde los jefes hasta quienes cumplen roles de apoyo. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes integren estas redes delictivas y habilita medidas específicas para el decomiso de bienes, el seguimiento de flujos de dinero y la protección de testigos.
- Permite investigar a la organización como un todo y no solo a sus ejecutores materiales.
- Prevé penas elevadas para integrantes de bandas criminales y mecanismos de decomiso de activos.
- Fortalece la cooperación entre fuerzas de seguridad, fiscales y jueces en causas complejas.
“No podemos permitir que las mafias sigan condicionando la vida diaria en Comodoro. Vamos a usar todas las herramientas que nos da la Ley Antimafia para ponerles un freno definitivo”, sostuvo Torres en declaraciones que trascendieron en ámbitos oficiales.
Con el crimen del testigo y el reclamo del gobernador, Comodoro Rivadavia vuelve a quedar en el centro del debate sobre la seguridad en la Patagonia y la necesidad de políticas sostenidas para combatir al crimen organizado, proteger a los testigos y devolverle tranquilidad a la población.
