Tolosa Paz llevó a la Justicia una denuncia por desvío de fondos viales
NewsITe
La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por el presunto desvío y la retención irregular de fondos millonarios destinados a obras viales en todo el país. El escrito apunta a funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina, a quienes les atribuye maniobras que habrían afectado el financiamiento de proyectos clave para la seguridad en las rutas nacionales.
Según la documentación incorporada a la causa, al 31 de mayo de 2026 el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) acumulaba más de 1,001 billones de pesos colocados en inversiones financieras —principalmente plazos fijos y títulos públicos— y otros 37.761 millones inmovilizados en cuentas bancarias. En conjunto, se trata de más de 1,038 billones de pesos que, de acuerdo con la denuncia, no se utilizaron para el avance de las obras previstas en el marco del programa.
La presentación judicial pide que se investigue la posible comisión de delitos como malversación agravada de caudales públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, entre otras figuras que podrían desprenderse del expediente. Tolosa Paz sostiene que los recursos del SISVIAL, que tienen asignación específica e irrevocable para obras y mantenimiento vial, habrían sido desviados hacia instrumentos financieros en lugar de aplicarse a los trabajos comprometidos.
Subejecución y rutas estratégicas afectadas
De acuerdo con la demanda, en sólo dos años y medio la recaudación destinada al fideicomiso SISVIAL alcanzó 1,503 billones de pesos, pero apenas se ejecutaron 394.406 millones para el objetivo legal del programa. Esto implica un nivel de subejecución cercano al 74%, un porcentaje que la legisladora considera incompatible con la magnitud de las necesidades de infraestructura vial y con los compromisos asumidos ante organismos internacionales.
El escrito remarca, además, que parte de los ingresos tributarios que deberían nutrir al fideicomiso no habrían ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria. Por ese motivo, la diputada reclama una investigación exhaustiva del recorrido de los fondos, desde su recaudación hasta su eventual colocación en productos financieros, para determinar responsabilidades políticas y penales.
Entre los proyectos señalados como afectados se destacan las obras sobre las rutas nacionales 3 y 5, en territorio bonaerense, financiadas en forma parcial con el crédito internacional CAF 11744. El plan prevé transformar en autovía el tramo Mercedes–Variante Suipacha de la RN5 y el segmento San Miguel del Monte–acceso a Gorchs de la RN3, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir la siniestralidad en corredores de alto tránsito.
Avances mínimos y reclamo de medidas urgentes
Pese a que el esquema de financiamiento establecía una participación del 70% de crédito externo y un 30% de contraparte nacional, auditorías correspondientes a 2024 detectaron una ejecución nula de los aportes locales, aun cuando —según la denuncia— había fondos disponibles en el SISVIAL. Para Tolosa Paz, se trata de una contradicción grave: la Argentina contrae deuda para sostener obras de infraestructura mientras los recursos nacionales destinados al mismo fin permanecen en colocaciones financieras.
Los informes técnicos incorporados muestran que, a mayo de 2026, el tramo Mercedes–Variante Suipacha de la RN5 apenas registraba un avance físico del 16,89% y una ejecución financiera del 11,36%. Otro segmento de la misma ruta, entre la intersección con la Ruta Provincial 41 y el kilómetro 104, presentaba a diciembre de 2025 un progreso de sólo el 0,88%, pese a contar con fecha límite contractual para octubre de ese año. En tanto, sobre la RN3, el tramo San Miguel del Monte–Gorchs mostraba un avance físico del 26,95%.
En este contexto, la denuncia reclama la adopción urgente de medidas cautelares para preservar documentación clave: correos electrónicos, legajos administrativos, órdenes internas, registros contables e información bancaria vinculada al manejo del SISVIAL desde enero de 2024. También pide constatar los saldos actuales en cuentas e inversiones del fideicomiso, a fin de evitar la eventual desaparición o alteración de las pruebas.
“Los recursos del SISVIAL no fueron concebidos para financiar otros gastos del Estado ni para operar como una cartera de inversiones. Tienen un destino legal específico y ese destino debe ser respetado”, advirtió Tolosa Paz al fundamentar su presentación judicial.
Ahora será la Justicia Federal la que deba determinar si hubo desvío de fondos, subejecución deliberada o irregularidades administrativas en la administración del fideicomiso vial, y si corresponde imputar penalmente a los funcionarios señalados en la denuncia. El caso abre un nuevo frente de tensión política en torno al uso de los recursos destinados a la infraestructura y la seguridad vial en la Argentina.
