En el marco de la paritaria para los colectiveros de todo el interior del país, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que adoptará medidas de fuerza una vez concluida la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. El nuevo encuentro oficial se producirá el jueves de la semana próxima. Empresarios piden a las provincias y los municipios que adopten medidas para “reestablecer la ecuación económico – financiera” de los servicios de transporte locales.
De la redacción de EL NORTE
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Iniciada hacia mediados de enero pasado, la discusión paritaria de la que dependen los salarios de colectiveros y colectiveras de servicios de corta y media distancia de todo el interior del país sigue estancada. Aunque hacia fines de aquel mes las nuevas escalas fueron acordadas para los trabajadores y trabajadoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no pudo todavía trasladar esas mismas mejoras salariales al resto del país.
Es en el marco de una mesa paritaria en cuyo borde empresarial se sientan representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), entidad que integran las prestatarias de servicios en el interior, incluida la nicoleña EVHSA. La falta de acuerdo ya había provocado que el gremio anunciase un paro de colectivos que iba a implementarse el pasado 11 de febrero, pero que después no llegó a concretarse en virtud de una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El periodo de conciliación es por 15 días hábiles y expira el próximo jueves, 5 de marzo. Para ese mismo día está convocada la nueva audiencia paritaria entre las partes. El encuentro anterior se había producido este miércoles, sin avances.
Las empresas
«El estado de situación del sector no se ha modificado sustancialmente como para que [esta entidad] se encuentre en condiciones de formular algún tipo de propuesta sustentable a la representación sindical. Sin perjuicio de ello, en el marco de la buena fe negocial, continúa realizando todas las gestiones necesarias para que las jurisdicciones del interior del país y los municipios asuman sus responsabilidades como titulares de los servicios y adopten las medidas necesarias para dotar al sistema de la previsibilidad necesaria para garantiza su continuidad», indicaron desde Fatap, según reconstruye el acta oficial de la más reciente audiencia.
La referencia a las jurisdicciones provinciales y los municipios, tiene que ver con sus responsabilidades luego de que en febrero de 2024 la Nación eliminara el Fondo Compensador para el Transporte del Interior.
En ese contexto, los empresarios advirtieron que «es imprescindible restablecer de modo inmediato la ecuación económico-financiera de la actividad, como condición necesaria para el sostenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo que generan». Enfatizan que «solo en ese marco será posible formular a UTA una propuesta razonable, cumplible y sustentable».
El gremio
Por su parte, la UTA dejó en claro que sin acuerdo salarial retomará la medida de fuerza anunciada oportunamente. «En atención a la manifestación empresaria, atento la negativa a suscribir un acuerdo conforme el pedido salarial efectuado, se ratifica que se adoptarán las medidas de acción gremial una vez vencido el período de conciliación laboral dispuesto», planteó el gremio, lo cual abre la posibilidad de que el viernes 6 de marzo las ciudades del interior vean paralizados sus servicios de transporte. Aunque es improbable: no por un eventual acuerdo que todavía parece muy lejano, sino porque el Gobierno tendrá la facultad de prorrogar la conciliación obligatoria por cinco días hábiles más, lo que estiraría el horizonte del conflicto hasta el viernes 13.
Por lo demás, en la audiencia del miércoles pasado la UTA dejó constancia de su «íntegro y cabal acatamiento al período de conciliación laboral obligatoria dispuesto por la autoridad de aplicación ordenado en el marco de las presentes actuaciones».
La afirmación tiene que ver con una circunstancia puntual. Aunque es cierto que el gremio desactivó el paro del 11 de febrero tras el dictado de la conciliación, la entidad sí adhirió al paro nacional del 19 de febrero lanzado por la CGT en contra de la reforma laboral.
El Gobierno interpreta que en el marco de aquella conciliación obligatoria el paro de UTA en el ámbito del interior del país resultó ilegal, por lo que dejaron entrever que podrán existir sanciones contra la organización que lidera Roberto Fernández.
