El Gobierno refuerza la seguridad ante la marcha contra la Ley de Tierras
NewsITe
Mientras la Cámara de Diputados se prepara para debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida públicamente como Ley de Tierras, el Gobierno nacional, los gremios y los movimientos sociales ajustan detalles para una jornada que promete alta tensión política y fuerte presencia en las calles. La sesión está prevista para este jueves 6 de agosto en un Congreso que permanecerá vallado y bajo estricta vigilancia de las fuerzas federales.
Según pudo reconstruir Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, diagramó un operativo similar al que se despliega ante grandes movilizaciones, con aplicación del protocolo para manifestaciones multitudinarias. En paralelo, en la Casa Rosada se mantienen contactos permanentes con el Ministerio de Seguridad porteño para coordinar la distribución de efectivos y los anillos de control alrededor del Palacio Legislativo.
En la zona del Congreso trabajarán de manera conjunta la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La prioridad oficial, alineada con la política de orden público del gobierno de Javier Milei, será garantizar la circulación de vehículos y peatones y minimizar los cortes totales de calles y avenidas claves del centro porteño.
Habrá un refuerzo de vallas sobre la Plaza del Congreso y en las principales arterias de la zona, como las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen y las calles Entre Ríos, Callao y Riobamba. No se descartan controles adicionales para quienes se movilicen, con el argumento oficial de prevenir incidentes y preservar la seguridad tanto de manifestantes como de transeúntes.
Oficialismo confiado y negociación voto a voto
En el plano parlamentario, en el oficialismo crece el optimismo respecto de la aprobación del proyecto, luego de la conferencia de prensa brindada el martes por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Referentes de La Libertad Avanza hablan de una “negociación minuto a minuto”, pero destacan que, tras la incorporación de cambios en algunos artículos a pedido de aliados, las chances de que la iniciativa obtenga luz verde son “muy concretas”.
La ley pone el foco en la protección de la propiedad privada y redefine el régimen para la compra y tenencia de tierras por parte de extranjeros. Sus críticos señalan que, detrás del planteo de inviolabilidad, se esconde una flexibilización de los límites actuales que regulan la extranjerización de la tierra, cuestión sensible en un país con fuerte peso del sector agropecuario y recursos naturales estratégicos.
Gremios y organizaciones se preparan para una masiva protesta
En la vereda opuesta se ubican la CGT, las dos CTA, el sindicalismo de izquierda, organizaciones sociales y políticas, además de colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas. Todos estos espacios vienen organizando la movilización desde hace días con el objetivo de llenar la Plaza del Congreso y presionar para que la norma no sea aprobada.
Desde la sede de la central obrera, en la calle Azopardo, adelantaron que la jornada será de fuerte presencia gremial. El triunviro Cristian Jerónimo cuestionó que el Gobierno presente el proyecto como una defensa de la propiedad privada y advirtió que, a su entender, se busca “flexibilizar las normativas vigentes para favorecer la concentración de recursos en pocas manos”.
“Ya hay un antecedente, como el caso de Lago Escondido que tiene el millonario Joe Lewis, donde la gente no puede transitar libremente. Nos parece sumamente preocupante porque sabemos los intereses que hay en algunos sectores y en algunos lugares de la Argentina, donde hay una riqueza impresionante en la tierra”, sostuvo Jerónimo en declaraciones radiales.
En la misma línea, la CTA de los Trabajadores rechazó lo que considera un “remate” de tierras nacionales. Señaló que, al eliminar o elevar topes vigentes –como el 15% máximo de propiedad extranjera a nivel nacional y departamental, y el límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en zona núcleo–, se habilitaría la compra de grandes extensiones por parte de corporaciones transnacionales, con escasas regulaciones efectivas.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también confirmó su participación en la marcha y, junto con la CGT y las CTA, ofrecerá una conferencia de prensa para exponer por qué consideran que la ley es regresiva para el interés nacional. El resultado del debate en el recinto y el desarrollo de la protesta en las calles marcarán un nuevo capítulo en la disputa por el modelo de país y el rol del Estado en la regulación de los recursos estratégicos.
