El Gobierno reabre la negociación por la emergencia en discapacidad
NewsITe
En medio de un clima político enrarecido y bajo fuerte presión social, el oficialismo en la Cámara de Diputados se vio obligado a ceder y reabrir la negociación por el proyecto de emergencia en discapacidad, vinculado al Presupuesto nacional. La iniciativa original fue cuestionada por recortar compromisos mínimos de protección social para personas con discapacidad, lo que detonó un profundo malestar en el Congreso y entre organizaciones del sector.
Fuentes cercanas al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, admiten que el dictamen que se buscará presentar en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será “más parecido al que piden los aliados que al del propio oficialismo”. El objetivo central es evitar que la oposición más dura logre el dictamen de mayoría y se quede con la iniciativa cuando el tema llegue al recinto.
En ese marco, el Gobierno concentra sus esfuerzos en garantizar el respaldo de gobernadores aliados, apelando a distintas estrategias de presión política. Una de las provincias clave es Misiones, donde el mandatario Hugo Passalacqua tiene bajo su órbita a dos diputados determinantes: Oscar Herrera Ahuad, presidente del interbloque dialoguista Argentina Federal, y Bernardo Biella.
El caso de Herrera Ahuad es especialmente sensible: además de ser una figura central en el espacio dialoguista, es firmante de proyectos vinculados a discapacidad y él mismo padece una discapacidad auditiva. Una eventual orden política para alinearse con el dictamen del oficialismo lo colocaría en una situación incómoda frente a su trayectoria y a las demandas de los colectivos afectados.
Oposición articulada y pulseada por el dictamen de mayoría
Del otro lado, Unión por la Patria trabaja en tándem con el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda para construir una mayoría alternativa. Ese esquema opositor ya tendría un acuerdo de base, pero aún le faltan firmas para asegurarse el dictamen principal y condicionar la estrategia legislativa del oficialismo.
Referentes del bloque peronista señalan que, si La Libertad Avanza consigue alinear a todos sus aliados, podría imponerse en la firma del dictamen. Sin embargo, advierten que un eventual texto “superador” que incorpore puntos centrales del proyecto opositor podría desatar tensiones internas con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y con la Casa Rosada, que enviaron un Presupuesto con recortes mucho más duros en el área social.
La discusión legislativa se da, además, atravesada por el escándalo que rodea a la Secretaría Nacional de Discapacidad. Su titular, Alejandro Vilches, presentó la renuncia alegando motivos personales, aunque todavía no fue formalmente aceptada. La salida se produce en medio de una investigación judicial por presuntos sobreprecios y hechos de corrupción, y tras fuertes críticas por los recortes presupuestarios, incluso desde sectores internos del propio oficialismo.
En este contexto, el debate por la emergencia en discapacidad se transformó en un test político para el Gobierno: no solo deberá demostrar capacidad para sostener a sus aliados y ordenar su agenda fiscal, sino también ofrecer una respuesta concreta a miles de personas con discapacidad y sus familias, que reclaman previsibilidad y protección frente a los ajustes en curso.
La pulseada por el dictamen marcará hasta dónde está dispuesto a ceder el oficialismo en materia de protección social y qué margen tiene para compatibilizar su programa de ajuste con las demandas de los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en discapacidad siguen de cerca la discusión, a la espera de definiciones que impactarán de lleno en la cobertura de prestaciones, la financiación de tratamientos y el sostenimiento de políticas públicas esenciales en todo el país.
