Un revés judicial que sacude la estrategia del Gobierno
NewsITe
Un fallo judicial que ordenó cumplir la vigente Ley de Financiamiento Universitario reavivó las críticas internas en el oficialismo y dejó bajo la lupa la estrategia del Gobierno nacional en el Congreso. La resolución, que obliga a respetar una norma cuestionada por su impacto fiscal, expuso la falta de conducción política en un tema considerado prioritario por la administración libertaria.
Según reconstruyó este medio en base a fuentes parlamentarias y judiciales, el Gobierno había alcanzado un principio de acuerdo con los rectores más influyentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una nueva ley. La idea era actualizar el esquema de financiamiento, garantizar previsibilidad para las universidades nacionales y, al mismo tiempo, evitar un descalce presupuestario que complicara aún más las cuentas públicas.
Esa negociación, sin embargo, terminó empantanada en el Congreso. El proyecto enviado por el Ejecutivo para ser discutido en marzo nunca llegó a una instancia de dictamen en comisión. Legisladores oficialistas reconocen, en voz baja, que la interna dentro de La Libertad Avanza y las tensiones con aliados eventuales demoraron la definición de una estrategia parlamentaria clara.
En paralelo, mientras se multiplicaban los reclamos de rectores y gremios docentes, sectores del Gobierno apostaron a un desenlace favorable en la Justicia. En ese contexto, cobraron relevancia los movimientos en los tribunales federales y el rol del juez Juan Bautista Mahiques, con la expectativa de una resolución que descomprimiera la presión legislativa y evitara sostener el frágil acuerdo con las universidades.
Acuerdo erosionado y costos políticos para la Casa Rosada
La apuesta por la vía judicial derivó en una táctica de postergación en el Congreso. Confiados en un eventual aval de los tribunales, funcionarios y referentes parlamentarios del oficialismo dejaron que el debate se enfriara, pese a los pedidos de celeridad de las áreas técnicas encargadas de monitorear el frente fiscal.
El paso del tiempo terminó jugando en contra del entendimiento inicial. Desde el sistema universitario advirtieron que las demoras volvían inviable sostener el consenso alcanzado. Sin un horizonte claro sobre la nueva ley, los rectores comenzaron a tomar distancia y el respaldo político que requería la reforma se fue deshilachando sesión tras sesión.
Para analistas y actores del propio oficialismo, el fallo adverso terminó por desnudar las debilidades en la gestión parlamentaria de un tema sensible, tanto en términos institucionales como sociales. La educación superior pública, históricamente defendida por amplios sectores de la sociedad argentina, aparece nuevamente en el centro de la escena política.
En el corto plazo, el Gobierno deberá cumplir con una ley que considera inviable desde el punto de vista presupuestario, mientras intenta recomponer puentes con las universidades y ordenar su frente interno en el Congreso. El desafío será encontrar una salida que combine sostenibilidad fiscal con estabilidad en el financiamiento del sistema universitario, en un escenario marcado por la desconfianza y la fragmentación política.
El revés judicial no sólo obliga a recalcular el rumbo en materia universitaria, sino que también profundiza el debate sobre la capacidad del oficialismo para articular mayorías y conducir el proceso legislativo en temas clave.
