El Gobierno busca blindar el Súper RIGI mientras Bullrich abre el juego
NewsITe
El oficialismo enfrenta un nuevo desafío en el Senado con el proyecto del denominado Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones que la Casa Rosada considera clave para su programa económico. Mientras el Gobierno insiste en aprobarlo sin cambios, la realidad parlamentaria muestra que La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios y que la jefa del bloque, Patricia Bullrich, se ve obligada a negociar con la oposición aliada.
En las últimas dos semanas, Bullrich mantuvo conversaciones con senadores de la UCR, el PRO y bloques provinciales para destrabar el tratamiento del proyecto y evitar que vuelva a naufragar en el recinto. En ese marco, aceptó avanzar en modificaciones sobre dos puntos sensibles: la protección de la industria nacional y el impacto energético de los grandes centros de datos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.
El dato llamativo es que estas negociaciones se realizaron sin la participación directa del equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo, que se enteró de los cambios cuando ya se habían filtrado públicamente. Desde el Palacio de Hacienda hicieron saber su malestar y advirtieron que algunas de las reformas acordadas podrían restar atractivo al régimen para los inversores que el Gobierno pretende seducir.
Industria nacional y energía, los ejes más calientes de la negociación
Uno de los reclamos centrales de los bloques aliados apunta a reforzar la obligación de utilizar proveedores locales. El texto aprobado en Diputados establece que los proyectos que adhieran al Súper RIGI deberán destinar al menos un 20% del total previsto para proveedores a empresas locales, siempre que exista oferta nacional competitiva en precio y calidad. Sin embargo, sectores industriales y legisladores opositores piden que esa cláusula se limite a bienes efectivamente producidos en el país, y no a simples intermediarios.
Durante la última reunión de comisión, Diego Leal, titular del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), planteó que el porcentaje de contratación local se vincule de manera estricta con bienes manufacturados en la Argentina. Aseguró que la industria está dispuesta a competir en un contexto de mayor apertura, pero reclamó reglas claras que eviten una desprotección total del entramado productivo nacional.
El otro foco de conflicto se concentra en la cuestión energética. Gobernadores y senadores de provincias productoras advierten que los grandes proyectos electrointensivos —en especial los mega centros de datos y las nuevas infraestructuras ligadas a la inteligencia artificial— podrían ejercer una presión adicional sobre redes que ya muestran tensiones. Por eso, exigen que estas inversiones desarrollen su propia generación eléctrica y no trasladen el costo de la expansión de la infraestructura a las arcas provinciales.
Desde la Casa Rosada, en cambio, temen que sumar demasiadas obligaciones termine por desincentivar el desembarco de capitales. El Gobierno sostiene que el Súper RIGI es una pieza clave para atraer proyectos de gran escala en sectores como minería de minerales críticos, tecnología e infraestructura digital, y advierte que una regulación demasiado rígida podría inclinar la balanza hacia otros países de la región.
Qué propone el Súper RIGI y cómo sigue el trámite legislativo
El proyecto en debate crea un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones, con beneficios de fuerte impacto tributario. Entre los puntos salientes se destaca la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15% para las empresas adheridas, con un esquema de amortización acelerada que permite computar el 60% de la inversión en el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.
- Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota unificada del 10%.
- Deducción de quebrantos sin límite temporal y baja gradual de la carga sobre dividendos, del 7% inicial hasta el 3,5% luego de cuatro años.
- Exención de derechos de importación y eliminación de retenciones a la exportación, junto con la supresión de cupos y restricciones para operar.
- Disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones, hasta llegar al 100% a partir del tercer año de adhesión.
La contracara de este esquema de beneficios es el debate político sobre quién asume los costos: si se prioriza la llegada de capitales a cualquier precio o si se establece algún tipo de resguardo para la industria local y para las finanzas provinciales. La discusión volvió a poner sobre la mesa el dilema entre un modelo de desarrollo centrado en la atracción de inversiones externas y otro que promueva mayor integración con el entramado productivo argentino.
“Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”, admitió Patricia Bullrich ante su entorno, sintetizando la correlación de fuerzas que enfrenta el oficialismo en el Senado.
Los cambios que se terminen de incorporar obligarán a que el texto vuelva a la Cámara de Diputados para su revisión final. En ese contexto, aún no está claro si el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión y Legislación General logrará firmar dictamen esta semana para llevar el proyecto al recinto el próximo 10 de septiembre. Mientras tanto, el futuro del Súper RIGI sigue atado a una negociación fina en la que el Gobierno busca no ceder demasiado, pero tampoco arriesgarse a una nueva derrota parlamentaria.
