Familias en vela mientras crece la brecha entre versión oficial y ONG
NewsITe
Caracas atraviesa horas de fuerte incertidumbre en torno a la liberación de presos políticos. Mientras el Gobierno de Venezuela anunció 116 excarcelaciones vinculadas a causas calificadas como “hechos asociados a alterar el orden constitucional”, las organizaciones civiles y la oposición solo han podido confirmar poco más de la mitad de esos casos. La diferencia en las cifras profundiza la angustia de decenas de familias que desde hace días permanecen apostadas en las afueras de distintas cárceles del país.
Frente a penales como El Rodeo I, muchos allegados duermen en autos o sobre colchonetas, sin listados oficiales ni información clara sobre quiénes integran el grupo de beneficiados. El proceso habría comenzado el jueves pasado, pero hasta este martes el acceso a datos verificados sigue siendo fragmentario y dependiente del trabajo de monitoreo de partidos opositores y ONG de derechos humanos.
De acuerdo con el Ministerio para el Servicio Penitenciario, se habrían concretado 116 excarcelaciones en el marco de una supuesta “revisión integral de causas” ordenada por el chavismo. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, indicó que solo pudo constatar 73 liberaciones de manera fehaciente hasta la noche del lunes, mientras que el Foro Penal confirmó 56 y la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) elevó 53 casos verificados hasta la mañana de la misma jornada.
Cifras cruzadas y dificultad para el monitoreo independiente
La disparidad entre el número oficial y los registros de la sociedad civil vuelve a exponer las limitaciones estructurales para el monitoreo independiente del sistema penitenciario venezolano. Según Foro Penal, en el país permanecen más de 800 presos políticos, entre dirigentes opositores, activistas sociales, militares y ciudadanos acusados de delitos relacionados con la disidencia.
La ausencia de listados públicos y de notificación directa a las familias obliga a que muchas confirmaciones se den recién cuando los detenidos logran comunicarse o son vistos saliendo de los centros de reclusión. En varios penales se denuncian demoras, reubicaciones sin aviso previo y restricciones para el ingreso de abogados, lo que alimenta sospechas sobre la selectividad de las medidas de gracia.
Quiénes recuperaron la libertad y el impacto internacional
Entre las personas liberadas hay figuras con fuerte peso político y otros casos que habían escalado a la agenda internacional. Desde la oposición se informó la excarcelación del excandidato presidencial Enrique Márquez; del dirigente Biagio Pilieri; del exdiputado Marco Bozo y del dirigente juvenil Virgilio Laverde, todos vinculados a espacios críticos del Gobierno.
- Dirigentes opositores con trayectoria nacional y regional.
- Profesionales y activistas de derechos humanos, como la abogada Rocío San Miguel.
- Trabajadores del área de salud, entre ellos la enfermera Yanny González Terán.
- Colaboradores de figuras públicas, como Didelis Raquel Corredor, exasistente del periodista Roland Carreño.
También se confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles y dos italianos, identificados como Alberto Trentini y Mario Burló. Todos ellos se encuentran ahora bajo resguardo diplomático, mientras avanzan las gestiones para su repatriación. La presencia de extranjeros entre los excarcelados había sido motivo de reclamos de gobiernos europeos y organismos internacionales, que venían denunciando la utilización de las detenciones como herramienta de presión política.
Un proceso enmarcado en una crisis institucional sin precedentes
El proceso de excarcelaciones transcurre en un contexto político inédito, marcado por la captura en el exterior de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Tras ese episodio, el Gobierno venezolano quedó bajo conducción de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien se presentó como continuadora de las políticas del chavismo y sostuvo que las liberaciones responden a lineamientos ya definidos por Maduro.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario encuadró las medidas dentro de una supuesta política de “reconciliación” y depuración de expedientes. No obstante, familiares y ONG cuestionan la narrativa oficial y señalan que aún habría cientos de detenidos desaparecidos o sin información precisa sobre su paradero. Uno de los casos más alarmantes es el de Ricardo Fonseca, cuya familia asegura no tener fe de vida desde hace seis meses, pese a múltiples reclamos ante la Justicia y organismos de control.
“Las liberaciones son un avance, pero insuficiente mientras sigan existiendo presos políticos, desapariciones y causas armadas sin debido proceso”, advierten organizaciones de derechos humanos consultadas por la prensa internacional.
En este escenario, las liberaciones se leen tanto como un gesto hacia la comunidad internacional en medio de la crisis institucional, como una herramienta interna de control y administración de tensiones. Mientras las cifras sigan siendo contradictorias y no se publiquen listados completos, la sensación predominante entre las familias es la misma: esperanza, cansancio e incertidumbre frente a un sistema que aún opera con un alto grado de opacidad.
