La Libertad Avanza busca conservar apoyo tras el veto a una jueza
La coalición oficialista La Libertad Avanza enfrenta una fuerte tensión interna en el Senado luego de que el Gobierno decidiera vetar el pliego de la jueza Verónica Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata. La medida generó resistencia entre los bloques dialoguistas, aliados clave del oficialismo, que ahora condicionan su apoyo a la sesión prevista para el jueves.
El oficialismo, conducido en la Cámara alta por el sector que responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, tenía acordado avanzar con una sesión este 4 de junio para tratar tres temas centrales: el pago a fondos buitres, el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación de unos 70 pliegos judiciales. Sin embargo, la decisión de retirar la postulación de Michelli, cuñada del periodista de investigación de La Nación Hugo Alconada Mon, abrió una grieta que amenaza con alterar el temario.
Según fuentes parlamentarias, el temario definitivo se terminará de definir en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles. Allí se buscará recomponer el acuerdo con los bloques dialoguistas –entre ellos PRO y UCR– que si bien respaldan los proyectos vinculados a deuda y propiedad privada, cuestionan con dureza la forma en que el Gobierno manejó las designaciones en la Justicia.
Pliegos judiciales y resistencia aliada
El Senado está en condiciones de tratar 73 de los 77 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Además de Michelli, siguen en duda las postulaciones de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para el Tribunal del Fuero Penal Económico, y de Juan Manuel Mejuto, cercano al espacio Justicia Legítima, propuesto para la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
La controversia, sin embargo, se concentra en el caso Michelli. El Gobierno decidió vetar su ascenso por su vínculo familiar con Alconada Mon, periodista que investigó la megaestafa Libra y denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Esta decisión desató la reacción de los principales socios parlamentarios del oficialismo, que reclaman mantener su pliego.
“Desde el PRO sostenemos su postulación”, expresó el jefe del bloque macrista, Martín Goerling, quien recordó que el pliego de Michelli atravesó todas las instancias formales: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Para los aliados, frenar el proceso en esta etapa supone “desprolijidad institucional” y sienta un precedente preocupante en materia de nominaciones judiciales.
Fondos buitres y reforma de la propiedad privada
En paralelo a la pulseada por Michelli, el oficialismo pretende avanzar con un acuerdo de conciliación alcanzado en la Justicia de Estados Unidos por reclamos de holdouts que no habían ingresado a los canjes tras el default de 2001. El entendimiento establece que el Estado argentino deberá pagar 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, lo que totaliza 171 millones de dólares, con una quita cercana al 30% respecto de los montos originales.
Otro punto clave del temario es el proyecto vinculado a la inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa elimina los topes que limitaban la compra de tierras por parte de extranjeros, pero deja en manos de las provincias la facultad de autorizar esas operaciones. Además, introduce cambios en la legislación de desalojos y en la Ley de Manejo del Fuego, dos debates sensibles que cruzan cuestiones sociales, productivas y ambientales.
En materia de desalojos, el texto distingue entre usurpadores –para quienes se prevé un juicio sumarísimo y un procedimiento más ágil– y deudores que se atrasan en el pago de sus obligaciones, a quienes se les otorgaría un plazo de intimación de 10 días, el doble de lo propuesto originalmente por el Gobierno. En cuanto al Manejo del Fuego, se apunta a descentralizar decisiones y otorgar mayor poder a las provincias para adaptar la normativa a sus propias realidades.
De no conseguir los votos necesarios para aprobar el retiro del pliego de Michelli, la Casa Rosada podría ver debilitada su autoridad sobre los nombramientos judiciales. Las próximas horas serán decisivas para saber si La Libertad Avanza logra recomponer puentes con los bloques dialoguistas o si la tensión se traduce en un freno a su plan parlamentario en el Senado.
