Recaudación en caída y presión política sobre la Casa Rosada.
Mientras el presidente Javier Milei insiste en que “lo peor ya pasó” y reivindica los avances de su programa económico, en los distintos niveles del Gobierno nacional se admite, con reserva, que la falta de recursos empieza a condicionar seriamente la gestión diaria. Funcionarios de primera y segunda línea describen un escenario de caja ajustada, donde episodios como el conflicto financiero del PAMI podrían transformarse en algo recurrente.
El dato que sobrevuela todos los despachos es la fuerte caída de la recaudación real. Según estimaciones oficiales y privadas, en el primer bimestre del año los ingresos tributarios se redujeron alrededor de un 8% en términos reales, producto directo de la contracción de la actividad económica. A esto se suma el retroceso del consumo masivo, que de acuerdo con la consultora Scentia cayó 5,1% interanual en marzo, marcando el tercer mes consecutivo de baja.
En este contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, deberá afrontar una negociación delicada con los gobernadores, que llegan a la mesa con demandas de fondos para sostener servicios básicos, salarios y programas provinciales. La merma de la coparticipación, también golpeada por la recesión, empuja a las provincias a intensificar los pedidos a la Nación, sobre todo en distritos donde los reclamos sindicales por recomposición salarial se vuelven más fuertes.
Dentro de La Libertad Avanza hay voces que se despegan del optimismo extremo del Presidente. Admiten que no se espera una mejora brusca en el corto plazo, aunque confían en una posible “meseta” en la caída. En paralelo, Milei intenta instalar una nueva narrativa política, apuntando a los medios de comunicación por, según su visión, priorizar las malas noticias y no reflejar los logros de la gestión.
Caputo, la caja y la pulseada con las provincias
En el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo es quien pone límites a cada pedido de recursos. “Fondeate porque no hay plata”, es la frase que, según reconocen en privado distintos funcionarios, se repite ante cada reclamo presupuestario. La consigna de la administración libertaria es sostener a rajatabla el ajuste fiscal, incluso a costa de tensar la relación con gobernadores aliados.
La agenda legislativa del oficialismo, que incluye la reforma electoral, cambios en el Código Penal y una nueva ley de financiamiento universitario, requiere del acompañamiento de esas provincias. En Balcarce 50 saben que, sin algún tipo de auxilio financiero, será difícil obtener los votos necesarios en el Congreso, por lo que se esperan semanas de negociaciones intensas.
- Caída de la recaudación real cercana al 8% en el primer bimestre.
- Consumo masivo en baja por tercer mes consecutivo, con un retroceso del 5,1% interanual en marzo.
- Provincias presionadas por la caída de la coparticipación y la inflación en alza.
- Gobierno nacional decidido a sostener el ajuste pese a las tensiones políticas.
Un caso testigo es el de Córdoba. Su gobernador, Martín Llaryora, ya advirtió que la inflación sigue siendo muy alta bajo la gestión libertaria y busca cerrar una paritaria cercana al 40% con los siete gremios estatales para evitar conflictos. Otros mandatarios analizan seguir esa línea, aunque dependen en gran medida de la asistencia nacional. En marzo, la Casa Rosada giró unos 47 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para descomprimir la situación, pero nadie en el oficialismo se anima a garantizar que esa ayuda pueda sostenerse con la misma intensidad.
La tensión entre el discurso optimista de Milei y la realidad de una economía en recesión, con recaudación en baja y demandas sociales en alza, se perfila como una de las pruebas centrales del Gobierno en este tramo del año. El equilibrio entre el ajuste fiscal y la gobernabilidad volverá a ponerse a prueba en las próximas negociaciones con las provincias y en el Congreso.
