Protestas en La Paz y creciente presión sobre el Gobierno de Rodrigo Paz
NewsITe
La Paz vivió una nueva jornada de alta tensión política y social con un enfrentamiento entre efectivos policiales y manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Al menos una persona resultó herida durante los incidentes registrados en el centro de la capital boliviana.
El conflicto se desató cuando las columnas movilizadas intentaron avanzar hacia Plaza Murillo, el corazón político del país, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y otras sedes del poder estatal. La Policía respondió con agentes químicos para frenar el avance, mientras que los manifestantes utilizaron petardos, palos con clavos y explosivos de bajo poder, según consignaron medios locales como La Razón y El Deber.
La zona céntrica de La Paz volvió a quedar prácticamente paralizada, con calles cortadas y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad. Plaza Murillo permaneció cercada por un operativo conjunto de policías y militares, en un intento por evitar que las columnas lograran llegar hasta la sede del Ejecutivo, en medio de una escalada de protestas que se replican en distintos puntos del país.
Quiénes se movilizan y qué reclaman
Entre los sectores que encabezan las protestas se encuentran la Central Obrera Boliviana, que lleva semanas sosteniendo medidas de fuerza, y organizaciones sociales vinculadas a Evo Morales, que arribaron a La Paz luego de una marcha de siete días. A ellos se suman sindicatos de campesinos que bloquean rutas y docentes rurales que también se expresan contra la administración de Paz.
Los reclamos van desde exigencias salariales y mejoras laborales hasta cuestionamientos más profundos a las políticas del Gobierno nacional y pedidos concretos de renuncia del presidente. Las organizaciones denuncian un deterioro de las condiciones de vida, falta de respuesta a sus demandas y una gestión que consideran alejada de las necesidades de los sectores populares.
Respuesta del Gobierno y preocupación por la violencia
- El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó como “delincuencial e ilegal” el uso de explosivos en las marchas.
- Advirtió que las personas identificadas en esos hechos serán procesadas penalmente.
- Reivindicó el derecho a la protesta, pero marcó límites frente a los hechos de violencia.
“Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, enfatizó Paredes, al tiempo que instó a las organizaciones a mantener sus reclamos en un marco pacífico.
Desde el Ejecutivo se aseguró que las fuerzas del orden continuarán actuando bajo parámetros de respeto a los derechos humanos, aunque las organizaciones sociales cuestionan el uso de gases y la respuesta policial frente a manifestaciones que, señalan, nacen de un profundo malestar social. En este contexto, la situación política boliviana se mantiene en un punto de alta sensibilidad, con un Gobierno presionado por las calles y un escenario abierto a nuevos episodios de conflictividad.
