Tensión política en Bolivia por protestas y advertencia militar
NewsITe
Las Fuerzas Armadas de Bolivia se declararon en estado de alerta y aseguraron estar listas para intervenir en caso de que los bloqueos y protestas anunciados por la oposición pongan en riesgo el orden constitucional. La definición, que eleva la tensión política y social en el país andino, fue transmitida por el comandante en jefe, general Víctor Hugo Balderrama, en un contexto que él mismo describió como de “estado de excepción”.
Balderrama afirmó ante la prensa que tanto militares como policías están preparados para “defender al pueblo” y garantizar el respeto a la Constitución. Según explicó, el objetivo principal es asegurar la libre circulación en rutas y ciudades, frente al temor de que las medidas de fuerza deriven en bloqueos prolongados y enfrentamientos. El mensaje apunta directamente a los sectores que anticipan una escalada de la conflictividad si no hay cambios en la política económica del Gobierno.
La discusión se concentra en la eliminación de la subvención a los combustibles, especialmente al diésel, una medida que el Ejecutivo considera necesaria para ordenar las cuentas públicas pero que distintos sectores productivos y sindicales rechazan por su impacto en los costos y en el transporte. En ese marco, el expresidente Evo Morales dio un plazo hasta el 3 de octubre para que el Gobierno de Rodrigo Paz derogue los decretos que quitaron los subsidios y advirtió que, de no hacerlo, encabezará a partir del 13 de octubre una movilización nacional con marchas y posibles bloqueos de rutas.
Paro parcial de transportistas y apuesta oficial al diálogo
Mientras se multiplican los cruces políticos, este lunes comenzó un paro nacional convocado por transportistas en rechazo al levantamiento de la subvención al diésel. Sin embargo, la medida tuvo un alcance parcial y no paralizó por completo la actividad. De acuerdo con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, se registraron focos de protesta principalmente en el departamento de Santa Cruz y en la ciudad de Sucre, además de algunos puntos aislados en otros distritos.
En contrapartida, varias de las principales urbes del país mantuvieron un funcionamiento relativamente normal del transporte público. En La Paz y El Alto, dos centros urbanos clave de la región occidental, los servicios se prestaron casi con total regularidad, lo que redujo el impacto de la medida de fuerza a nivel nacional. El transporte libre decidió no plegarse al paro, al igual que el transporte pesado nacional e internacional, un factor que contribuyó a evitar un colapso de la circulación de bienes y pasajeros.
Cruce entre Evo Morales y el Gobierno de Paz
La figura de Evo Morales vuelve a ocupar un lugar central en la escena política boliviana. El exmandatario, que gobernó entre 2006 y 2019, se posiciona como uno de los principales opositores a las actuales medidas económicas. Su llamado a la movilización nacional es leído por el oficialismo como un intento de capitalizar el descontento social y tensar la relación con el Gobierno de Rodrigo Paz.
- Morales exige la derogación de los decretos que eliminaron la subvención a los combustibles.
- El Gobierno defiende la reforma como necesaria para la estabilidad fiscal.
- Las Fuerzas Armadas advierten que harán cumplir la ley y garantizarán la libre transitabilidad.
“Nadie está por encima de la ley, aunque tenga capacidad de movilización”, sostuvo el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, al calificar la postura de Morales como “incoherente”.
Justiniano reconoció que Morales, como cualquier ciudadano, tiene derecho a impulsar protestas y marchas, siempre que se desarrollen dentro del marco legal y de manera pacífica. Desde el Gobierno remarcan que la prioridad es el diálogo con los sectores en conflicto para desactivar los paros y evitar que la crisis económica derive en un escenario de mayor inestabilidad política. En ese tablero de fuerzas, la declaración de disponibilidad de las Fuerzas Armadas funciona como un mensaje de respaldo institucional al Ejecutivo, pero también alimenta las preocupaciones sobre un posible endurecimiento de la respuesta estatal frente a futuras protestas.
