La Corte rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por las defensas de Eva Petrona Pereyra y María Luisa Alza. Ambas continuarán detenidas mientras avanza el juicio oral contra la secta “Templo Filadelfia” por una presunta red de trata de personas con fines de explotación laboral.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las prisiones preventivas de Eva Petrona Pereyra y María Luisa Alza, dos de las principales acusadas en la causa conocida como “Templo Filadelfia”. La decisión llegó luego de que el máximo tribunal rechazara por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas, que buscaban que ambas mujeres continuaran el proceso bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con este fallo, las imputadas permanecerán detenidas mientras continúa el debate oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín.
La causa investiga el funcionamiento de una organización acusada de captar y someter a personas en situación de vulnerabilidad bajo la apariencia de una congregación evangélica. Según la acusación fiscal, la estructura habría operado durante décadas mediante mecanismos de control y explotación laboral que afectaron a decenas de víctimas.
Una investigación que abarca casi medio siglo
La pesquisa judicial sostiene que la organización tuvo sede central en San Justo, partido de La Matanza, y extendió sus actividades a distintas provincias argentinas, además de Paraguay y Brasil.
De acuerdo con la acusación, el grupo funcionó entre 1972 y diciembre de 2020. Durante ese período habría incorporado personas a la congregación mediante argumentos religiosos para luego someterlas a un sistema de obediencia estricta y trabajo permanente.
El juicio oral comenzó en 2024 y tiene a 28 personas sentadas en el banquillo de los acusados. La fiscalía sostiene que la organización constituyó una red internacional dedicada a la explotación laboral y que al menos 25 personas resultaron víctimas de las maniobras investigadas.
Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. En algunos casos también se investigan otros delitos vinculados a los hechos denunciados.
El rol atribuido a las líderes de la organización
Según la acusación, Eva Petrona Pereyra ocupaba una posición central dentro de la estructura. Los investigadores sostienen que durante las denominadas “Fiestas del Señor” se presentaba como poseída por una entidad divina y reclamaba a los fieles la entrega de bienes materiales, propiedades e incluso de sus hijos.
La fiscalía afirma que quienes integraban la congregación debían desarrollar distintas tareas laborales, entre ellas la elaboración de productos panificados, la venta ambulante, trabajos de construcción, mantenimiento de inmuebles y cuidado de campos y ganado.
De acuerdo con la investigación, los ingresos obtenidos mediante esas actividades eran entregados a la organización. Los líderes del grupo también habrían ejercido control sobre aspectos de la vida personal de los integrantes, promoviendo relaciones de pareja que, según se afirmaba, respondían a designios divinos.
El juicio continúa mientras las acusadas permanecen detenidas
Una de las integrantes de la conducción también enfrenta acusaciones por presuntos abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de las cuales eran menores de edad al momento de los hechos investigados.
El proceso judicial busca determinar si existió una estructura organizada destinada a explotar laboralmente a sus integrantes mediante mecanismos de manipulación, dependencia económica y control ejercido bajo un discurso religioso.
Con la decisión de la Corte Suprema, Pereyra y Alza continuarán detenidas mientras avanza el juicio oral. El rechazo a los pedidos de prisión domiciliaria ratificó las resoluciones adoptadas previamente por los tribunales inferiores, que habían considerado la gravedad de los hechos investigados, la cantidad de víctimas involucradas y los riesgos procesales existentes en la causa.
