Tapia pedirá el juicio político a la jueza De Marinis por su fallo
NewsITe
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará un pedido de juicio político contra la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional el Régimen Penal Juvenil en un fallo de primera instancia. La resolución generó un fuerte cruce institucional y reabrió el debate sobre los límites de la actuación judicial frente a leyes aprobadas por el Congreso Nacional.
Tapia adelantó que el planteo se hará a título personal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, con el objetivo de que se evalúe el desempeño de De Marinis en esta causa. Según explicó, el jury buscará determinar si la jueza actuó dentro de sus competencias al declarar la inconstitucionalidad de la norma o si, por el contrario, avanzó sobre atribuciones propias del Poder Legislativo.
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El Régimen Penal Juvenil fue aprobado por el Congreso tras un extenso debate político y social que incluyó la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad. Para el ministro de Justicia porteño, el fallo “pone en crisis todo un trabajo que se viene haciendo” y desconoce la voluntad del legislador nacional. En declaraciones radiales, sostuvo que “los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores”, una afirmación que abre una nueva controversia jurídica y política.
El caso que originó la resolución de De Marinis involucra a un menor de edad alcanzado por el nuevo régimen. La jueza consideró que la norma vulnera garantías constitucionales y, por ello, resolvió declararla inconstitucional para esa situación particular. No obstante, el propio Tapia aclaró que se trata de una decisión de primera instancia que sólo rige para ese expediente, por lo que la Ley Penal Juvenil continúa vigente en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Debate sobre el rol de la Justicia y el alcance del fallo
En sus declaraciones, el ministro acusó a la magistrada de “ningunear” el debate que se dio en el Congreso y advirtió que, del mismo modo que se exige que quienes cometen delitos afronten las consecuencias, también se debe actuar si algún juez “no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla”. Con ese argumento, insistió en que impulsará el pedido de jury para que sea el Consejo de la Magistratura quien analice si hubo un apartamiento de los deberes del cargo.
Especialistas consultados señalan que la discusión de fondo se centra en hasta qué punto un juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley votada por el Congreso y qué efectos tienen esos fallos. En la Argentina, los magistrados tienen la facultad de realizar ese control de constitucionalidad en casos concretos, aunque sus decisiones suelen ser revisadas por instancias superiores y, en última instancia, por la Corte Suprema.
- El fallo de De Marinis es de primera instancia y aplicable sólo al caso que tramitó en su juzgado.
- El Régimen Penal Juvenil sigue formalmente vigente en la Ciudad de Buenos Aires.
“Así como trabajamos para que el delincuente tenga sus consecuencias, también vamos a trabajar para que, si hay algún juez que no está aplicando la norma, tenga las suyas”, sostuvo Tapia.
El expediente por el jury contra la jueza De Marinis se sumará a otras discusiones abiertas en torno al vínculo entre la política y la Justicia en la Ciudad y a nivel nacional. En las próximas semanas, el Consejo de la Magistratura deberá resolver si admite el planteo y abre una investigación formal o si archiva la presentación. Mientras tanto, el fallo que cuestiona el Régimen Penal Juvenil promete seguir generando repercusiones en el sistema judicial y en el escenario político porteño.
