Sanción provisoria a una magistrada rosarina por filtración de datos
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso la suspensión preventiva de la jueza de Familia Sabina Sansarricq, titular del Juzgado de Familia N° 7 de Rosario, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información reservada de un expediente judicial a una amiga involucrada en esa causa.
La decisión del máximo tribunal santafesino se complementa con la apertura de un sumario administrativo y con una causa penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según se informó, la medida incluye además una reducción del 50% en los haberes de la magistrada mientras avance la pesquisa.
De acuerdo con la presentación realizada por los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco, Sansarricq habría accedido a un expediente que estaba a cargo de otra jueza y habría suministrado datos sensibles a la contraparte, con quien mantiene una relación de amistad. Esa conducta, de confirmarse, configuraría una grave violación a los deberes de imparcialidad y reserva que rigen la función judicial.
Bollatti explicó en declaraciones radiales que la jueza “sacaba información de un expediente que manejaba otra magistrada y se la pasaba a la contraparte”, lo que motivó la intervención de las autoridades. En el marco de la investigación, se secuestró el teléfono celular de Sansarricq, donde se habrían encontrado audios, mensajes de texto y fotografías vinculadas a las partes del proceso.
El origen del conflicto patrimonial y la causa penal en curso
La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer que, tras la muerte de su esposo, advirtió que un sobrino del fallecido habría comenzado a utilizar y transferir bienes del patrimonio familiar sin la debida autorización. Ese conflicto derivó en un expediente de Familia tramitado por otra jueza, en el cual la amiga de Sansarricq actuaba como contraparte de la denunciante.
Siempre según el relato de los denunciantes, la magistrada suspendida habría informado a su amiga sobre movimientos internos del expediente, medidas adoptadas y detalles de las actuaciones, otorgándole así una ventaja procesal indebida. “La evidencia es muy fuerte”, remarcó Bollatti al describir el contenido de los elementos secuestrados en el teléfono de Sansarricq.
La investigación penal está a cargo de la fiscal Karina Bartocci, del MPA, quien deberá determinar si existió delito en la conducta de la jueza y, en tal caso, impulsar la correspondiente acusación. En paralelo, el sumario administrativo en la Corte evaluará si corresponde aplicar sanciones disciplinarias, que pueden ir desde apercibimientos hasta la eventual remoción, de acuerdo con la gravedad de los hechos que se acrediten.
El caso reaviva el debate sobre los estándares éticos y de transparencia que deben cumplir los magistrados, en un contexto de creciente demanda social por mayor control institucional sobre el Poder Judicial y por garantías de imparcialidad en los procesos de Familia, donde se dirimen cuestiones altamente sensibles para las personas involucradas.
“La evidencia es muy fuerte”, sostuvo el abogado denunciante Sergio Bollatti, al referirse a los audios, mensajes y fotografías hallados en el celular de la jueza suspendida.
Mientras tanto, la jueza Sansarricq permanecerá apartada de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos. La resolución final, tanto en sede penal como administrativa, será clave para definir su futuro en la magistratura y el mensaje institucional que la Justicia santafesina envíe respecto del uso indebido de información confidencial.
