La Asamblea Legislativa define la situación de la fiscal Ballari
NewsITe
La fiscal rosarina María Verónica Ballari será sometida este jueves a una Asamblea Legislativa en la que se tratará su suspensión por presuntas demoras y omisiones en la investigación de un caso de violencia de género que terminó en el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, ocurrido a mediados de febrero de 2025 en Rosario.
Oggero, trabajadora del Hospital Centenario y residente en el barrio Belgrano, había denunciado en reiteradas oportunidades a su ex pareja, Jonathan Omill, por distintos hechos de violencia y hostigamiento. Según sostiene la familia de la víctima, esas presentaciones nunca fueron atendidas con la celeridad ni la profundidad necesarias por parte del Ministerio Público de la Acusación.
El femicidio se produjo cuando la enfermera salía de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Fue atacada a balazos en la vía pública, un hecho que conmocionó a la ciudad y reavivó el debate sobre el funcionamiento de las fiscalías y de los dispositivos estatales de protección a mujeres que denuncian agresiones previas.
Una suspensión por tres meses sin goce de sueldo
La Asamblea Legislativa de este 4 de junio se realizará a partir de una recomendación de la Comisión de Acuerdos, que analizó el desempeño de Ballari en la causa. De aprobarse la sanción, la fiscal sería suspendida por un período de tres meses y sin goce de haberes, medida que se considera excepcional y que da cuenta de la gravedad que las autoridades atribuyen a las presuntas irregularidades.
La familia de Oggero insiste desde el inicio en que en la fiscalía existían varias denuncias previas radicadas por la víctima, las cuales no habrían sido debidamente evaluadas ni articuladas con otros organismos de protección. Para los allegados, esa desatención allanó el camino para que el caso concluyera en un femicidio que, aseguran, pudo haberse evitado.
Una causa de femicidio aún sin avances claros
Pese al tiempo transcurrido desde el crimen, la investigación específica por el femicidio de Oggero se encuentra prácticamente paralizada y sin definiciones firmes sobre quién o quiénes fueron los responsables materiales del ataque. Las hipótesis que manejan los investigadores incluyen la posibilidad de que haya sido Omill el autor directo de los disparos, pero también se estudia un posible esquema con un instigador y un ejecutor.
Horas después del asesinato, Omill fue detenido e imputado por Ballari, aunque no por el homicidio sino por una serie de delitos vinculados a la violencia de género que habría ejercido durante la relación. En marzo de ese año, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión mediante un juicio abreviado por esos hechos, lo que dejó abierta, en paralelo, la causa por el femicidio.
- La Asamblea Legislativa evaluará la suspensión de la fiscal por demoras y presuntas omisiones.
- La familia de la víctima reclama que se investiguen responsabilidades estatales en la falta de respuesta a las denuncias.
- La causa por el femicidio continúa sin avances significativos ni imputaciones concretas por el homicidio.
El caso de Ailén Oggero volvió a exponer las fallas del sistema judicial y de protección a víctimas de violencia de género cuando las alertas previas no se traducen en medidas eficaces.
La definición política sobre la situación de Ballari será seguida de cerca por organizaciones feministas y de derechos humanos, que advierten que cada femicidio con denuncias previas abre interrogantes sobre la responsabilidad del Estado. Lo que ocurra en la Asamblea no solo marcará el futuro de la fiscal, sino que también enviará una señal sobre el grado de autocrítica institucional frente a estos casos.
