Fiscalía reclama el procesamiento y la prisión preventiva
NewsITe
La causa judicial que investiga el funcionamiento de Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con un duro dictamen del Ministerio Público Fiscal. La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó el procesamiento de Ariel Vallejo, señalado como principal responsable del holding financiero, y pidió que se le dicte la prisión preventiva al considerar que existe un marcado “riesgo de fuga”. El expediente tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte.
En un escrito de 249 páginas, al que accedió Noticias Argentinas, Incardona no solo apuntó contra Vallejo sino también contra otras 13 personas y varias de las empresas que integrarían la estructura societaria utilizada para las maniobras bajo investigación. Además, reclamó que se traben embargos sobre los imputados y las firmas involucradas, en línea con la magnitud económica que se les atribuye a las operaciones.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vallejo habría conducido una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y a diferentes delitos económicos. La fiscal sostiene que, entre 2020 y 2025, el financista habría construido un entramado de sociedades que operaba como “una sola caja” para canalizar fondos de origen ilícito vinculados a operaciones cambiarias irregulares, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional, e incluso dinero proveniente del juego ilegal a través de terceros.
Entre los movimientos relevados se destaca la adquisición de la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia S.R.L., que Vallejo tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado. Según el dictamen, a través de esa firma se habrían infringido normas del Régimen Penal Cambiario, generando ganancias que luego se habrían volcado a la creación de Sur Finanzas Group S.A. y a la compra de su casa central en Adrogué.
Una red societaria bajo la lupa judicial
La investigación también detalla la compra de Neblockchain S.A., una empresa con licencia para proveer servicios de pago que más tarde se transformó en Sur Finanzas PSP S.A. De acuerdo con la fiscalía, esta firma habría funcionado como “caja de entrada” del grupo, mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica acorde con los montos involucrados, y depósitos en efectivo realizados con camiones de caudales por parte de empleados.
Cuando la agencia de cambio Concordia fue sancionada y pidió su baja como operadora, la fiscal sostiene que fue “vaciada”: los activos habrían sido transferidos a cuentas personales de Vallejo y de su madre, para luego derivarse hacia otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de distintos bienes. Incardona remarca que “cada acto tuvo la misma forma y en cada uno lo que hay detrás son delitos, no un negocio”.
El dictamen también acusa a Vallejo de retener aportes de empleados sin depositarlos donde correspondía, mezclando esos fondos con el resto del flujo financiero de las sociedades. A su vez, se les atribuye una presunta evasión del impuesto a los créditos y débitos bancarios por un monto superior a los $10.325 millones, lo que agrava el cuadro económico-financiero bajo análisis.
Riesgo de fuga y otros imputados en la causa
Vallejo se encuentra hoy detenido, luego de que el juez ordenara su aprehensión para tomarle declaración indagatoria. Sin embargo, para la fiscal Incardona su comportamiento durante el proceso no justifica que continúe en libertad. En su presentación, subraya que el financista no cumplió ninguna de las condiciones fijadas para seguir el expediente fuera de la cárcel.
- No se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, tal como se le había impuesto.
- No residía en el domicilio que había declarado originalmente y tampoco fue hallado en el nuevo domicilio denunciado.
- No entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado por la Justicia.
Sobre esa base, la fiscal insiste en el pedido de prisión preventiva por peligro concreto de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Además, requirió el procesamiento de otras 13 personas: Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza, Jonathan Leonardo Ledesma, Maite Sofía Lorenzo, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rolando Esteban Soloaga, Daniela Eliana Sánchez, Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra.
El dictamen también abarca a las firmas Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A., presuntamente integradas al esquema societario en análisis.
Ahora será el juez Rodríguez Ponte quien deba resolver si hace lugar a los pedidos de procesamiento, embargos y prisión preventiva. La definición del magistrado será clave para el futuro judicial de Vallejo y del resto de los imputados en una causa que combina investigación financiera, posibles delitos económicos complejos y fuertes implicancias para el universo de las fintech y las empresas de servicios de pago.
