Suicidio del soldado en Olivos: cesantean a empleada de Morón

Investigan nexos entre banda de extorsionadores y una empleada municipal

Quinta de Olivos y operativo policial vinculado a la causa por el suicidio del soldado Rodrigo Gómez

NewsITe

Una empleada del Municipio de Morón fue detenida y cesanteada en el marco de la investigación por la banda que realizaba extorsiones desde la cárcel a través de aplicaciones de citas, causa en la que se analiza el suicidio del soldado Rodrigo Gómez dentro de la Quinta de Olivos, ocurrido en diciembre pasado.

La detenida fue identificada como Karen Yael Cufré, quien hasta su arresto se desempeñaba en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón. Según pudo reconstruirse, habría integrado la organización que, mediante perfiles falsos y maniobras de intimidación, habría logrado que Gómez transfiriera más de 1,4 millones de pesos poco antes de quitarse la vida.

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En un comunicado oficial, el municipio informó que Cufré “fue incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso”. Sin embargo, una vez avanzadas las pesquisas y confirmada su presunta participación en la banda de extorsionadores, se dispuso su cesantía inmediata, medida que se habría concretado a comienzos de febrero, aunque trascendió públicamente recién en las últimas horas.

“El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, señalaron las autoridades locales, que buscan despegarse de cualquier responsabilidad institucional y remarcar que el vínculo con la empleada quedó formalmente concluido.

Cómo operaba la banda de extorsionadores desde la cárcel

De acuerdo con la investigación judicial, la organización criminal estaba liderada por dos hombres alojados en la Unidad N.º 36 de Magdalena, a los que se sumaba otro interno de la Unidad N.º 26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres, entre ellas Cufré. A todos se les atribuye haber integrado una asociación ilícita dedicada a obtener dinero mediante amenazas, simulación de autoridad pública y engaños sistemáticos.

Los fiscales detallaron que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas la plataforma “Evermatch”. Una vez que la víctima iniciaba el contacto, se la invitaba a continuar la conversación por WhatsApp, paso clave para el posterior ardid extorsivo.

La mecánica de las extorsiones y el caso del soldado Gómez

Tras el primer intercambio de mensajes, las víctimas recibían un audio de una mujer que se presentaba como madre de la joven con la que venían chateando. En ese mensaje se las acusaba de haber mantenido contacto con una supuesta menor de edad y se advertía la inminente presentación de una denuncia penal en su contra.

Poco después, se producía el llamado de un supuesto efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya identidad era usurpada. Este falso funcionario reforzaba la amenaza de denuncia y ofrecía “ayuda” para evitar el escándalo a cambio de transferencias de dinero, presentadas como un acuerdo económico con la familia de la presunta menor.

  • Creación de perfiles falsos en apps de citas para captar víctimas.
  • Simulación de una situación de abuso de menores para generar pánico.
  • Contacto de un falso policía que exigía pagos para “evitar la denuncia”.

Según las pruebas reunidas, la banda habría concretado al menos tres hechos de este tipo. En el primero de ellos, la víctima fue el soldado granadero Rodrigo Gómez, quien el 15 de diciembre pasado se vio obligado a transferir 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago. Días después, el militar se suicidó dentro de la Quinta de Olivos, hecho que motivó un fuerte impacto institucional y aceleró la investigación.

Los cabecillas de la banda también fueron imputados por la instigación al suicidio de Gómez, al considerar que la maniobra extorsiva habría contribuido decisivamente a su decisión final.

La causa continúa en plena etapa de instrucción, con nuevos pedidos de medidas probatorias y el análisis de más comunicaciones y transferencias. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la seguridad en torno a las aplicaciones de citas y el uso del miedo y la falsa autoridad como herramientas delictivas desde el interior de las cárceles.

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