La nicoleña Emilia Subiza, senadora provincial de Hechos, advirtió que frente a la “profunda heterogeneidad” del territorio de la provincia de Buenos Aires, conviene abordar el problema de la inseguridad desde otra óptica. Sostuvo que un esquema descentralizado no sólo garantiza una administración más eficiente de los recursos públicos, sino que permite estructurar respuestas estatales con una mayor cercanía a las demandas reales de la ciudadanía.
De la redacción de EL NORTE
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En un encuentro centrado en la problemática de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, la legisladora nicoleña Emilia Subiza abogó por un modelo de políticas públicas descentralizadas y trazadas desde una óptica regional. La senadora que integra el bloque de Hechos en la Cámara alta de la Legislatura bonaerense advirtió que un territorio marcado por una “profunda heterogeneidad” geográfica y social un esquema de esa naturaleza permitiría optimizar los recursos públicos y atender con mayor cercanía las demandas ciudadanas.
“La descentralización y regionalización son indispensables para dar un abordaje eficiente a la profunda heterogeneidad que representa la provincia de Buenos Aires”, advirtió Subiza en el marco del conversatorio titulado «La Seguridad en la Provincia de Buenos Aires», desarrollado en instalaciones del Salón Nunca Más del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, organizado de manera conjunta entre la Fundación Konrad Adenauer y los senadores de Hechos: la propia Subiza y su compañero de espacio, Marcelo Leguizamón.
“La Policía Judicial es de suma importancia porque busca descentralizar el sistema y acercar herramientas al interior de la provincia. Lo que buscamos es la profesionalización del sistema, con una mirada estratégica que permita la coordinación entre los diferentes estamentos. Es fundamental que un fiscal de Mar del Plata, Necochea o Trenque Lauquen tenga exactamente las mismas herramientas que uno del AMBA”.
Juan Manuel García Blanco, Policía Judicial
El evento reunió a destacados especialistas con el fin de trazar un diagnóstico y proponer reformas estructurales para el sistema de seguridad bonaerense.
En ese contexto la legisladora cercana al oficialismo municipal de Santiago y Manuel Passaglia concluyó que un esquema descentralizado no solo garantiza una administración mucho más eficiente de los recursos públicos disponibles, sino que permite estructurar respuestas estatales con una mayor cercanía a las demandas reales de la ciudadanía.
Especialistas
Durante la jornada, uno de los ejes centrales fue la necesidad de descentralizar las capacidades de investigación del delito por parte del Estado. En este sentido, el especialista Juan Manuel García Blanco –director de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires– expuso sobre la urgencia y el valor estratégico de consolidar la Policía Judicial. Al respecto, señaló que esta institución “es de suma importancia porque busca descentralizar el sistema y acercar herramientas al interior de la provincia”.
“Lo que buscamos es la profesionalización del sistema, con una mirada estratégica que permita la coordinación entre los diferentes estamentos. Es fundamental que un fiscal de Mar del Plata, Necochea o Trenque Lauquen tenga exactamente las mismas herramientas que uno del AMBA”, enfatizó García Blanco.
También remarcó que las nuevas modalidades delictivas exigen una transformación profunda de los perfiles profesionales dedicados a la investigación. Bajo esta premisa, subrayó la importancia de contar con equipos multidisciplinarios integrados por médicos, psicólogos, investigadores y, fundamentalmente, especialistas en crímenes digitales capaces de operar ante los desafíos que conllevan las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA).
Por su parte, el especialista Sebastián Basso centró su disertación en la viabilidad de regionalizar la seguridad, argumentando que los esquemas centralizados resultan insuficientes para contener la complejidad del territorio provincial.
El evento concluyó con un espacio de intercambio donde se ratificó el compromiso institucional de seguir promoviendo ámbitos de debate técnico y legislativo que consoliden políticas de Estado a largo plazo en materia de seguridad ciudadana.
