Sube el boleto, suben las multas: actualizan los montos para las empresas de colectivos en la Provincia

Tras la suba del boleto de colectivo en la provincia, el gobierno bonaerense modificó el cálculo de las sanciones que rigen para las empresas de transporte público. Desde ahora, los montos se ajustarán automáticamente con cada actualización tarifaria.

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El gobierno bonaerense actualizó los montos de las multas que deben pagar las empresas de transporte público. La medida acompaña el nuevo esquema de actualización tarifaria que rige en la provincia. Ahora, las sanciones económicas se ajustarán automáticamente cada vez que suba el precio del boleto mínimo de colectivo. La resolución fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El nuevo sistema establece que las multas tomarán como referencia el valor del pasaje mínimo con SUBE nominada y tarifa plena. Se trata del boleto correspondiente al agrupamiento de Servicios Urbanos Provinciales. En junio, según los cuadros tarifarios del Ministerio de Transporte bonaerense, ese pasaje cuesta $472,91. Las sanciones, por lo tanto, se calcularán en base a ese monto.

Las multas están contempladas en la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros y varían según la infracción. Pueden ir desde 250 hasta 30.000 veces el valor del boleto. Esto implica que, actualmente, las multas oscilan entre los $118.227,50 y los $14.187.300. Las autoridades destacaron que el objetivo es actualizar los valores y reforzar los mecanismos de control.

Así como en el caso de las infracciones de tránsito se utiliza el valor de la nafta como referencia, en el transporte público se aplica el precio del boleto. La actualización automática permitirá mantener los montos ajustados al contexto inflacionario. El esquema de tarifas vigente en la Provincia prevé subas mensuales. Estas se calculan con la inflación del mes anterior más un 2% adicional.

Por ejemplo, el boleto de colectivo aumentó un 4,8% en junio respecto a mayo. Con esta lógica, también lo harán las multas desde este mes. La medida busca que las sanciones no pierdan efectividad con el tiempo. Además, apunta a mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios del transporte público.

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