Son 12 rodados, algunos de alta gama, entre autos, camiones y camionetas incautados a una presunta asociación ilícita de seis integrantes que llegará a juicio acusada de varios secuestros. Pidieron que se subasten y lo recaudado se deposite en un plazo fijo UVA. Los bienes estaban a nombre de familiares o testaferros. Detectaron que una mujer jubilada era titular de once autos. La banda secuestraba empresarios y familiares en Rosario y Villa Ramallo, y los escondía en San Nicolás.
De la redacción de EL NORTE
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En un dictamen conjunto firmado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás; el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO); la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI); y la de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena, el Ministerio Público Fiscal solicitó la venta anticipada de 12 vehículos de origen ilícito, algunos de alta gama, vinculados a los seis imputados acusados de integrar una sofisticada banda que cometía secuestros extorsivos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa Fe.
Al requerir la medida cautelar ante el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, los funcionarios detallaron que el objetivo es “la adopción de medidas eficaces de custodia y conservación de los bienes cautelados durante el proceso, con el fin de mitigar los riesgos inherentes a la depreciación del valor y deterioro de los activos en el tiempo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 525 del Código Procesal Penal de la Nación, 205 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la Ley 20.785 que dispone la custodia y disposición de bienes objeto de secuestro en causas penales.
En ese sentido, también solicitan que “se deberá otorgar inmediata intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que realice la constatación del estado de los bienes y lleve adelante las medidas indispensables para concretar su venta anticipada, depositándose su producido en un plazo fijo UVA renovable, puesto que es la única colocación financiera de renta fija en moneda nacional que a la fecha acompaña la depreciación monetaria”.
Se trata de los bienes secuestrados y vinculados a los seis presuntos miembros de una organización criminal acusada de conformar una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023 en la ciudad santafesina de Rosario y la bonaerense de Villa Ramallo.
Con preventiva
Los imputados —todos con prisión preventiva—, son el comerciante Claudio Daniel Coto (62), el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero y ajedrecista Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados mencionados.
Las medidas cautelares se solicitaron sobre bienes de los imputados, Néstor Santabaya, Pugliese y López, y sobre tres mujeres que no están imputadas y fueron identificadas como Verónica V. V., Mayra Daniela C. y María Cristina K.
El 21 de diciembre de 2023, el Juzgado Federal de San Nicolás hizo lugar a las medidas y el 28 de ese mes, la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás y UFECO solicitaron el embargo de bienes de otra mujer identificada como Claribel G. P., así como el secuestro de los automotores oportunamente embargados, lo que tuvo acogida favorable por parte del juzgado el 29 de diciembre de ese año.