Denuncia penal por el financiamiento de las universidades
NewsITe
El dirigente del Partido Obrero y referente del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación judicial apunta a los delitos de desobediencia y abuso de autoridad, en el marco de la disputa por el presupuesto de las universidades públicas.
Según informó el propio Solano a través de su cuenta de X, la acusación se centra en la falta de aplicación efectiva de la Ley 27.795, que establece un mecanismo de actualización de salarios y fondos universitarios en línea con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Para el dirigente de izquierda, el Poder Ejecutivo desoyó tanto la ley sancionada por el Congreso como las resoluciones judiciales que ordenan su cumplimiento.
La norma en cuestión fue vetada inicialmente por el Ejecutivo, pero luego el Congreso la aprobó nuevamente con mayoría calificada, obligando a su promulgación. No obstante, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y asignara las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Este movimiento generó fuertes críticas de la comunidad universitaria y de la oposición.
En este escenario, el pasado 6 de octubre el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el artículo del decreto que condicionaba la ejecución de la norma, y ordenó su cumplimiento inmediato. La resolución judicial marcó un punto de inflexión en el conflicto, al considerar que el Poder Ejecutivo no puede bloquear por vía reglamentaria una ley ya sancionada y promulgada.
La denuncia y el conflicto por la universidad pública
La presentación de Solano solicita que se investigue no solo a Milei y a Caputo, sino también a todo funcionario que haya intervenido en el presunto incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Justicia. Para el dirigente del Partido Obrero, el Gobierno estaría “ahogando” financieramente a las universidades públicas y desconociendo fallos judiciales en un marco que definió como “autocrático”.
“La Justicia ordenó aplicar la ley y recomponer los salarios, pero este gobierno autocrático desconoce las resoluciones judiciales para ahogar a las universidades. ¡La universidad pública no se toca!”, expresó Solano en redes sociales, alineado con las consignas que en los últimos meses encabezaron masivas movilizaciones en defensa del sistema universitario nacional.
- La Ley 27.795 dispone la actualización de salarios y gastos universitarios según la inflación desde diciembre de 2023.
- El Decreto 759/2025 suspendió su aplicación hasta que se definan las fuentes de financiamiento.
- Un fallo del juez federal Martín Cormick ordenó aplicar la ley de manera inmediata.
- La denuncia penal podría derivar en una investigación sobre la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
“Presenté una denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía por desobediencia y abuso de autoridad”, sostuvo Gabriel Solano al anunciar la medida judicial.
El conflicto por el financiamiento universitario se suma a otras tensiones entre el Gobierno nacional y distintos sectores de la educación pública. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de ajustar el gasto y rediscutir el esquema de financiamiento, desde las universidades y la oposición alertan por el riesgo de un deterioro estructural del sistema, que históricamente fue un emblema de acceso gratuito y de excelencia académica en la Argentina.
