Ercolini sobreseyó a los ex jefes de la AFI en la causa de espionaje
NewsITe
El juez federal Julián Ercolini dispuso el sobreseimiento de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa en la que estaban imputados por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión cierra, al menos en esta instancia, una de las investigaciones más resonantes sobre el uso del aparato de inteligencia del Estado en democracia.
La pesquisa se había originado a partir de múltiples denuncias que señalaban la existencia de una estructura dentro de la AFI destinada a realizar tareas de inteligencia sin autorización judicial ni sustento en la Ley Nacional de Inteligencia. Según esas presentaciones, se habrían llevado a cabo seguimientos y recolección de información sobre dirigentes oficialistas y opositores, periodistas, jueces, fiscales, sindicalistas, referentes de organizaciones sociales e incluso personas detenidas en causas de corrupción.
Uno de los ejes de la causa fue el llamado Proyecto AMBA, un esquema mediante el cual se habrían instalado bases de inteligencia en distintos municipios del conurbano bonaerense. De acuerdo con las acusaciones, esas bases se habrían utilizado para obtener datos de carácter político y social sin el marco legal correspondiente, lo que, de confirmarse, hubiera configurado una grave violación a la normativa vigente.
El rol del Congreso y los puntos más sensibles del expediente
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación había elaborado un extenso informe sobre el funcionamiento de la AFI durante aquellos años. Ese documento fue uno de los insumos centrales para la investigación judicial y apuntaba a determinar la eventual responsabilidad de Arribas y Majdalani en la supuesta institucionalización de prácticas de espionaje prohibidas.
Otro tramo de la causa se concentró en las presuntas maniobras de vigilancia realizadas sobre el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner y sobre el Instituto Patria, en el invierno de 2018. Aquellos episodios, que en su momento generaron fuerte impacto político, fueron interpretados por los denunciantes como parte de un esquema de seguimiento sistemático a la principal referente de la oposición de entonces.
Desde el comienzo de las investigaciones, tanto Arribas como Majdalani rechazaron las acusaciones. Sus defensas sostuvieron que todas las actividades de la AFI durante su gestión se ajustaron al marco legal y a las directivas emanadas del Poder Ejecutivo, y que los seguimientos cuestionados respondieron a tareas de prevención de amenazas a la seguridad nacional. Con el fallo de Ercolini, los ex funcionarios quedan desligados penalmente de la causa, aunque la discusión política sobre el uso de los servicios de inteligencia continúa abierta.
La resolución judicial vuelve a poner en debate los límites y controles democráticos sobre los organismos de inteligencia en la Argentina.
El sobreseimiento podrá ser apelado por las partes acusadoras ante instancias superiores, por lo que aún resta definir si el expediente quedará definitivamente cerrado o si seguirá tramitando en los tribunales. En cualquier caso, la decisión de Ercolini reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma profunda del sistema de inteligencia para garantizar mayor transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos ciudadanos frente a eventuales abusos del Estado.
