Con la planta paralizada desde el 20 de marzo, el Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas planteó su preocupación en torno a los 150 puestos laborales afectados. “Si Atanor realmente contaminara, nosotros seríamos los primeros en exigir mejoras y los primeros en enfermarnos”, afirmó el secretario general, Ricardo García.
De la redacción de EL NORTE
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El incidente producido en Atanor el 20 de marzo pasado no sólo reavivó el reclamo de una porción de la comunidad respecto a la conveniencia de reubicar esa planta productiva en otro entorno. Aquel mismo día, luego de la explosión de un reactor, la Justicia dio lugar a un recurso de amparo que ordenó a la empresa de la internacional Albaugh el cese de sus actividades en su actual e histórica locación de la zona sur de San Nicolás.
En las tres semanas transcurridas desde entonces no hubo actividad en la planta. Uno de los interrogantes válidos que se abren tiene que ver con la situación de los trabajadores. “Es una preocupación grande que nosotros tenemos. El sector de la planta de atrazina está clausurada judicialmente hasta tanto terminen los peritajes. Pero más allá de eso hay también una orden de la jueza Luciana Díaz Bancalari de cesar la actividad en el resto de planta. La empresa está presentando toda la documentación que le están pidiendo, pero nosotros estamos viendo que la Justicia está demorando demasiado. Nosotros estamos preocupados porque somos 130 familias las que dependemos de nuestros puestos de trabajo ahí, a las que hay que sumar otras 20 familias de contratistas”, planteó este jueves a EL NORTE Ricardo García, secretario general de la seccional San Nicolás del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP).
“En realidad, estamos arriba de los 300 puestos de trabajo, teniendo en cuenta otras plantas de Atanor en Pilar y Río Tercero que también se ven afectadas por esta situación”, añadió el representante sindical, quien advirtió que “los trabajadores de Atanor San Nicolás estamos hoy licenciados por la empresa, que está pagando los sueldos”.
Por lo demás, lamentó que ninguna instancia judicial ni política hay recurrido al sindicato para recoger información. “Nosotros no queremos presionar a ningún juez ni a ningún político para que hagan nada que no corresponda; pero sí necesitamos que se expidan con celeridad. Nuestra gente necesite trabajar. Que pidan lo que tengan que pedir e inspeccionen lo que tengan que inspeccionar, pero que nos habiliten a trabajar”, advirtió.
“No contamina”
Por lo demás, García, otros dirigentes de la organización, delegados y trabajadores de Atanor aseveraron que la actividad de Atanor no conlleva riesgos sobre la salud.
“Ninguno de los trabajadores que estamos dentro de la fábrica tenemos ningún problema de salud. Eso queremos dejarlo bien en claro porque hay muchos rumores. Nosotros vamos a defender con determinación nuestras fuentes de trabajo. Y en este sentido vamos a defender a la empresa porque sabemos que nosotros tenemos razón. Yo vivo en barrio Química desde hace 50 años y hace 42 que estoy en la empresa. Si hay vecinos que entienden que la fábrica contamina, serán los organismos competentes los que tengan que expedirse; pero también sabemos que hay tres o cuatro personas que activan el reclamo con algunos intereses particulares”, señaló el secretario general de SPIQyP San Nicolás.
Y enfatizó: “Se han dicho muchas mentiras. Si la empresa realmente contaminara, como se dice afuera, nosotros seríamos los primeros en exigir mejoras y también seríamos los primeros en enfermarnos”.
Por su parte, el delegado gremial César Vallanciani se refirió a “personas que embarran la cancha porque tienen animosidad contra la empresa”. “Tenemos que hacerle entender a todos los vecinos que no se pueden dejar llevar por estas cuatro personas que salen hablando por ahí porque están de punta contra la empresa y que actúan en virtud de intereses creados detrás de ese ensañamiento”, amplió.
La cautelar
En el marco de una causa iniciada en 2015, a través de una medida cautelar de carácter provisorio la jueza Luciana Díaz Bancalari dispuso el 20 de marzo pasado el “cese inmediato de la actividad” en la planta productiva de Atanor en la zona sur de San Nicolás.
La medida regirá hasta tanto otros organismos competentes no determinen que “están dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”.
En su fallo, la Dra. Díaz Bancalari, titular del Juzgado Correccional Nº3 de San Nicolás, resolvió “hacer lugar” a una medida cautelar solicitada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná, iniciadora de la causa. Y, en tal sentido, dispuso “el cese inmediato de la actividad de la planta de Atanor y la prohibición total de salida de camiones con residuos y/o materiales de la planta hasta tanto no se expidan todos los organismos competentes que determinen fehacientemente que se encuentran dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”.
En este punto, conviene recordar en el marco de la misma causa el 6 de marzo pasado la empresa ya había sido condenada en primera instancia a realizar distintos estudios y mejoras en su planta a fin de resguardar el medio ambiente. En mayo de ese mismo año la decisión quedó confirmada por la Cámara departamental y desde entonces se encuentra pendiente de una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La reciente medida cautelar concedida por la jueza Díaz Bancalari fue formulada y notificada a Atanor “bajo apercibimiento de imponer una multa de diez millones de pesos por cada día de incumplimiento”.