Esto alcanza a solo las 10 provincias que enviaron la base de datos de sus dependientes. Significa una erogación del Estado de $7.800.000.000 anuales. El fiscal Marijuan ya pidió sus bajas.
El fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho incompatible. El funcionario judicial solicitó en el mes de noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta el momento, diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Son las provincias de Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.