La jueza Servini cerró la causa por presunto enriquecimiento ilícito
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La jueza federal María Romilda Servini ordenó el archivo de la denuncia presentada contra la diputada nacional Marcela Pagano, al considerar que no hay elementos suficientes para iniciar una investigación penal. La causa había sido impulsada por un grupo de 15 legisladores que la acusaban de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según se desprende de la resolución, Servini hizo lugar al dictamen del Ministerio Público Fiscal, que sostuvo que la presentación carecía de una hipótesis delictiva concreta y delimitada. El fiscal concluyó que los hechos descriptos no alcanzaban el umbral mínimo requerido para impulsar una causa penal, por lo que continuar con el expediente implicaría una suerte de búsqueda aleatoria de pruebas, sin un delito claramente identificado.
Uno de los núcleos de la denuncia se centraba en la situación patrimonial de Pagano, particularmente en relación con dos inmuebles y la evolución de su patrimonio. La Fiscalía, tras analizar la documentación disponible, determinó que la diputada vendió un departamento ubicado sobre la avenida San Juan el 22 de marzo de 2023 y luego adquirió otra propiedad en la calle Migueletes el 8 de agosto del mismo año.
Ambas operaciones se concretaron antes del 10 de diciembre de 2023, fecha en la que Pagano asumió formalmente su banca como diputada nacional. En ese contexto, el Ministerio Público remarcó que tales movimientos patrimoniales no podían utilizarse para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito «durante el ejercicio de la función pública», al no corresponderse con el período en el que ostenta el cargo.
Cuestionamientos a la denuncia y críticas por falta de sustento
Los denunciantes también habían planteado que personas con vínculos comerciales con la pareja de Pagano, Franco Agustín Bindi, habrían sido contratadas como personal parlamentario y posteriormente obligadas a devolver parte de sus salarios. Sin embargo, la Fiscalía señaló que no se aportaron documentos, testimonios ni ningún otro elemento objetivo que permitiera afirmar que esos reintegros existieron o que los contratados no prestaron servicios reales.
El dictamen subrayó, además, la falta de precisión en las imputaciones. De acuerdo con la evaluación del Ministerio Público, los dichos de los legisladores se limitaron a formulaciones genéricas, sin respaldo documental ni indicios que habilitaran la adopción de medidas de prueba específicas. Para el fiscal, avanzar con una pesquisa en esas condiciones vulneraría las garantías procesales básicas.
Otro tramo de la presentación hacía referencia a una posible asociación ilícita y a supuestos vínculos con financiamiento extranjero, mencionando contactos de Pagano y Bindi con representantes de Venezuela, Irán y Rusia, así como con el ex presidente boliviano Evo Morales. No obstante, la Fiscalía descartó también ese planteo al remarcar que nunca se describió una organización criminal concreta, ni funciones definidas para cada supuesto integrante, ni un plan delictivo identificable.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público advirtió que seguir adelante con el expediente equivaldría a una verdadera «excursión de pesca», es decir, salir a buscar pruebas sin tener previamente un hecho delictivo claro que investigar.
Con ese marco, Servini resolvió archivar la causa en los términos del artículo 180, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. La decisión supone, por el momento, el cierre judicial de las acusaciones contra Pagano, aunque como ocurre en estos casos, la causa podría reabrirse si aparecieran nuevos elementos de prueba concretos y verificables.
