La causa ANDIS entra en una fase decisiva para la Justicia federal
NewsITe
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre un punto considerado neurálgico por los investigadores: el servidor informático secuestrado en la Droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. El fiscal federal Franco Picardi sostuvo que el peritaje de ese material puede resultar determinante para confirmar el supuesto rol central de la empresa en el esquema de contratación de medicamentos de alto costo.
La causa ya cuenta con 18 procesados por delitos como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El juez federal Sebastián Casanello describió la existencia de una presunta organización integrada por funcionarios de la ANDIS y empresarios del sector salud, orientada a direccionar compras y obtener beneficios económicos indebidos en perjuicio de las arcas públicas.
Aunque la Droguería Suizo Argentina no fue incluida en la primera tanda de procesamientos, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que seguirá bajo la lupa. El máximo tribunal penal rechazó el planteo de nulidad presentado por los Kovalivker y destacó que la firma aparece mencionada en numerosas comunicaciones y registros incorporados al expediente, lo que obliga a profundizar la pesquisa sobre su participación.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría funcionado como una “ventanilla de pagos millonarios” mediante procedimientos internos que no garantizaban transparencia ni competencia. En ese marco, la droguería habría sido favorecida en apenas un año con compras por unos 55.000 millones de pesos, monto que los investigadores buscan cotejar con documentación digital, correos y movimientos económicos alojados en el servidor secuestrado.
Chats, allanamientos y dinero en efectivo bajo sospecha
En el expediente constan mensajes en los que se alude a la necesidad de “tener gente con la bandera correcta”, acompañada por el emoji de la bandera suiza, así como referencias a “el helvético”. Para la fiscalía, esas expresiones apuntarían a la influencia de la Droguería Suizo Argentina dentro de la estructura de la ANDIS, gestionada presuntamente a través de exfuncionarios ya procesados, como Pablo Atchabahian y Matías Garbellini.
Los investigadores sostienen que, por esa vía, la compañía habría incidido en decisiones administrativas clave, entre ellas la definición de contrataciones y hasta eventuales despidos de personal. Esa presunta injerencia privada sobre un organismo estatal es uno de los ejes que la Justicia busca probar a través del cruce entre comunicaciones, registros internos y documentación contable.
- Peritaje integral del servidor de la Droguería Suizo Argentina para reconstruir comunicaciones y movimientos económicos.
- Análisis de compras estatales por aproximadamente 55.000 millones de pesos en favor de la empresa en un año.
- Revisión de chats, correos y anotaciones que podrían dar cuenta de directivas hacia funcionarios de la ANDIS.
El desarrollo de los allanamientos también quedó bajo análisis. Según fuentes judiciales, tras un procedimiento en el domicilio de Jonathan Kovalivker, el empresario permaneció cuatro días sin presentarse ante la Justicia y, cuando finalmente lo hizo, entregó un teléfono celular reseteado a valores de fábrica. Ese comportamiento fue valorado como un posible intento de obstaculizar la reconstrucción de comunicaciones relevantes para la causa.
En paralelo, en un operativo realizado en Nordelta, fuerzas de seguridad interceptaron el vehículo de Emmanuel Kovalivker y hallaron 266.000 dólares en sobres y siete millones de pesos en efectivo. En una vivienda vinculada se encontró, además, una caja fuerte abierta con escaso dinero en su interior. Para los investigadores, ese cuadro refuerza la necesidad de seguir el rastro patrimonial y financiero de los empresarios.
La pericia sobre el servidor podría convertirse en el insumo clave para determinar el verdadero alcance del presunto entramado de corrupción público-privado en la compra de medicamentos de alto costo.
Con esta nueva instancia probatoria, la causa ANDIS entra en una etapa en la que la evidencia digital será central. De lo que surja del análisis técnico del servidor y de los dispositivos secuestrados dependerá en buena medida si la Justicia avanza hacia nuevos procesamientos, eventuales embargos y una eventual elevación a juicio contra los hermanos Kovalivker y otros protagonistas de uno de los expedientes de corrupción más sensibles del área de la salud pública reciente.
