El Tribunal Criminal N°2 dio a conocer este lunes la pena impuesta a Nicolás Leyes. La jueza Belén Ocariz en consonancia con lo pedido por fiscalía sentenció al expolicía bonaerense a 11 años de prisión, multa e inhabilitación absoluta. Días antes el imputado había sido juzgado por un jurado popular que lo declaró culpable de integrar, junto a otros tres policías, una organización delictiva vinculada a la venta de drogas.

De la redacción de EL NORTE
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Poco antes del mediodía de este lunes la magistrada Belén Ocariz dio a conocer la sentencia impuesta a Nicolás Leyes, quien fuera declarado culpable en un juicio por jurados realizado en dos jornadas los días 29 y 30 de setiembre. El expolicía, estaba acusado de integrar una organización criminal vinculada a la venta de drogas junto a otros tres integrantes de la fuerza y dos civiles. La jueza, hizo lugar al pedido realizado durante la audiencia de cesura por la fiscal Verónica Marcantonio y lo condenó a 11 años de prisión, le impuso una multa cercana a los 2 millones de pesos e inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos. En esa audiencia la parte acusadora también había solicitado que le fuera revocado el arresto domiciliario a lo que la magistrada accedió y ordenó su detención.
Nicolás Leyes junto a Jonhatan Reche, Ángel Fernando Rajoy y Elías Laureano Paré, todos expolicías bonaerenses, y dos civiles fueron arrestados en setiembre de 2023 en el marco de más de 20 allanamientos simultáneos realizados en San Nicolás y Ramallo. En los operativos secuestraron cocaína, marihuana y éxtasis. Todos estaban acusados de formar parte de una organización criminal que se quedaba con parte de la droga secuestrada en los operativos policiales para luego venderlas a través de dealers que ofrecían la droga en dos locales nocturnos céntricos. Además, se los acusó de dar protección a narcotraficantes rosarinos que operaban en la zona.
La causa contra todos los involucrados fue elevada a juicio en setiembre de 2024, un año después de los operativos que derivaron en las detenciones. Leyes fue juzgado por un jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 y hallado culpable de los delitos de Asociación ilícita, comercialización de estupefacientes doblemente agravada por la comisión de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario policial, tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Reche, Rajoy y Paré optaron por reconocer los cargos en un juicio abreviado a cambio de una reducción de la pena, el procedimiento fue admitido por lo que otro tribunal deberá dictar sentencia respecto de ellos. Nicolás Leyes por su parte había elegido ser juzgado en juicio por jurados. Ese debate se desarrolló en dos jornadas, los pasados 29 y 30 de setiembre, en el que 12 ciudadanos lo encontraron culpable.
La investigación
La investigación se inició en mayo de 2023 sustentada en denuncias y elementos de prueba recabados en diferentes hechos ilícitos. Por un lado, en una pesquisa realizada en diciembre de 2022 por la misma fiscalía tras descubrir la presencia en la ciudad de miembros del clan familiar rosarino vinculados a bandas narcos cuya líder era conocida como “La Diabla”. También se sustentó en otra causa penal, de enero de 2023, originada en la interceptación de un vehículo en el ingreso de zona norte con tres ocupantes, oriundos de Rosario. En ese operativo secuestraron 6 Kilos de estupefaciente. Al cotejar ambas investigaciones descubrieron un elemento de común denominador: las mujeres involucradas en ambos casos eran las mismas. El otro elemento que les resultó significativo fue el horario de interceptación del vehículo que se realizó en horas de la madrugada y la llamativa presencia del personal policial apostados en ese lugar. Elementos probatorios posteriores confirmaron que el material estupefaciente transportado era mucho mayor al que efectivamente secuestró el personal policial.
Se comprobó también que los policías intercambiaban información con la que contaban por su dominio territorial de la zona norte como por sus jerarquías y funciones, para luego establecer un “protocolo de actuación “que se ejecutaba entre todos los partícipes para arrebatar a organizaciones criminales o delincuentes individuales, dedicados al comercio de drogas, para luego comercializarlas por su cuenta o a través de terceras personas.

