El interbloque calificó el arresto de De Vido como parte de una persecución política y cuestionó las condiciones en las que quedó alojado.
El interbloque de senadores de Unión por la Patria repudió este sábado la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y calificó el procedimiento como arbitrario. En un comunicado señalaron que el caso se enmarca en un esquema de hostigamiento contra referentes opositores.
Críticas al accionar judicial
Los legisladores denunciaron la existencia de una persecución política impulsada por la Justicia y sectores del oficialismo. Afirmaron que el arresto representa una muestra más de un entramado que, según plantearon, busca disciplinar a la dirigencia nacional, popular y democrática.
El texto difundido por el bloque sostuvo que el operativo judicial se desarrolló sin garantías y en un clima de avance institucional. También remarcaron que la reacción oficial confirma un escenario de tensión que se viene profundizando en distintos expedientes.
Cuestionamientos a las condiciones de detención
Los senadores cuestionaron las condiciones en las que quedó alojado De Vido. Indicaron que se le habría impedido el acceso a medicación, servicios básicos y comunicación con sus abogados, hechos que calificaron como una violación a estándares internacionales de derechos humanos.
Recordaron que el exministro enfrenta problemas de salud y se encuentra próximo a cumplir 77 años. Señalaron que, pese a contar con informes médicos previos, la Justicia dispuso nuevas pericias e informes socioambientales que consideran innecesarios.
Llamado político y contexto del conflicto
El interbloque comparó la situación con otros episodios que interpreta como parte de un plan sistemático de persecución. Sostuvo que estos hechos responden a un modelo de hostigamiento contra sectores opositores y reclamó unidad dentro del campo nacional.
Los senadores convocaron a cerrar filas frente a lo que describieron como un modelo de entrega y ajuste liderado por el presidente Javier Milei. También instaron a reforzar la defensa de los derechos y las garantías en el ámbito institucional.
