La Libertad Avanza apura una sesión clave antes del receso
NewsITe
El bloque de La Libertad Avanza y sectores de la oposición trabajan para garantizar una sesión ordinaria en el Senado la próxima semana, en la que el oficialismo buscará avanzar con la ley de propiedad privada, la denominada ley Hojarasca y una treintena de pliegos judiciales. Será la última sesión antes del receso invernal de la Cámara alta.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó para mañana al mediodía a una reunión de Labor Parlamentaria, a pedido de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. En ese ámbito se definirá el temario y se intentará saldar el traspié de la semana pasada, cuando no se logró sesionar el 8 de julio como pretendía el oficialismo.
Según fuentes parlamentarias, el eje central del temario será el proyecto de ley de propiedad privada, inspirado en la propuesta elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa introduce cambios en la ley de tierras, desalojos, expropiaciones y en la normativa de manejo del fuego, aunque en las últimas versiones del dictamen se incorporaron modificaciones relevantes.
Qué cambia con la ley de propiedad privada
El proyecto original del Gobierno buscaba eliminar prácticamente todas las restricciones para que empresarios extranjeros compren tierras rurales en la Argentina. Sin embargo, en la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que empresas privadas con capital extranjero adquieran determinados tipos de inmuebles, así como el requisito de contar con aval de las provincias, del Poder Ejecutivo y del Congreso para operaciones en zonas fronterizas.
En materia de desalojos, se introduce la figura del “desalojo exprés” exclusivamente para casos de usurpación de inmuebles. Para el resto de las situaciones se conservan los plazos de intimación vigentes. El texto fija un plazo de 10 días para intimar de manera fehaciente al locatario al pago del alquiler acordado en el contrato.
La notificación podrá cursarse al domicilio real o electrónico denunciado por el inquilino y se considerará válida aun cuando este se niegue a recibirla o no pueda perfeccionarse por causas imputables al locatario. Ante el incumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto por la ley, estimado en 10 días hábiles.
Manejo del fuego y uso de tierras
Otro aspecto sensible del paquete es la reforma a la ley de manejo del fuego. El dictamen mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos que hayan sufrido incendios durante 60 años, tal como establece la norma aprobada en 2020. No obstante, se abre la posibilidad de otorgar otro destino a tierras rurales afectadas por el fuego, lo que plantea un nuevo esquema de controles y eventuales tensiones con organizaciones ambientales.
En paralelo, se eliminaron del texto final los artículos que modificaban la ley de barrios populares, luego de fuertes cuestionamientos de sectores sociales y de la oposición dialoguista. También se retocaron los capítulos vinculados a la extranjerización de tierras, expropiaciones y desalojos, en busca de consensos mínimos que permitan aprobar la iniciativa en el recinto.
La ley Hojarasca y los pliegos en discusión
En la misma sesión, el oficialismo intentará convertir en ley el proyecto conocido como ley Hojarasca, ya aprobado por la Cámara de Diputados. La norma deroga alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas o superadas por los avances tecnológicos y la evolución normativa.
- Se propone derogar la ley 20.120, de la época de Alejandro Agustín Lanusse, que obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar aviso previo y habilita el ingreso policial, cuestionada por su impacto sobre las libertades individuales.
- También se busca eliminar la ley 20.983, sancionada en 1975, que obligaba a radios y canales de TV a destinar al menos 60 minutos diarios a contenidos de interés turístico nacional.
La Libertad Avanza aspira además a aprobar una treintena de pliegos judiciales. Entre ellos figura la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.
Otro nombre relevante es el de Juan Rodríguez Ponte, funcionario judicial y ex secretario del juez de la Corte Suprema propuesta, Ariel Lijo, postulado para un juzgado en Lomas de Zamora. Ese tribunal tendrá bajo su órbita, entre otras causas, el expediente que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a la modelo Jésica Cirio.
La sesión se perfila como una de las más intensas del período, con impacto directo en la política judicial, la regulación de la tierra y la agenda de desregulación del Gobierno.
Con el receso de invierno a la vuelta de la esquina, el oficialismo busca cerrar una serie de definiciones legislativas clave, mientras la oposición mide costos y beneficios de acompañar o trabar un paquete que combina reformas estructurales con la actualización del andamiaje jurídico vigente.
