El oficialismo acelera la reforma de la normativa vigente
NewsITe
El Senado de la Nación se prepara para abrir este miércoles una discusión de alto impacto sanitario y político: la reforma de la Ley de Salud Mental aprobada en 2010. El proyecto, impulsado por el Gobierno Nacional, propone flexibilizar los criterios de internación, otorgar un rol más decisivo a los médicos psiquiatras y actualizar el abordaje del consumo problemático de sustancias dentro de las políticas públicas de salud mental.
El debate tendrá lugar desde las 16.30 en un plenario de las comisiones de Salud —que se constituirá formalmente ese mismo día— y de Legislación General, presidida por la senadora libertaria neuquina Nadia Márquez. En un contexto en el que el oficialismo encuentra dificultades para avanzar con otras iniciativas, como la reforma electoral o la denominada “inviolabilidad de la propiedad privada”, la reforma de Salud Mental se posiciona como una de las prioridades de la agenda parlamentaria.
Uno de los ejes más sensibles del proyecto reside en el cambio de criterio para las internaciones. La ley vigente se apoya en la figura de “riesgo cierto e inminente” para autorizar una medida de este tipo. La nueva redacción reemplaza ese concepto por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que, según sus impulsores, permitiría intervenir de forma más temprana y evitar episodios críticos.
En ese marco, la propuesta habilita internaciones no voluntarias sin el aval del paciente cuando se verifique ese riesgo grave, algo que la norma actual contempla solo de manera muy restringida. El texto mantiene el principio de que la internación debe ser un recurso excepcional, pero amplía las situaciones en las que el sistema de salud puede disponerla de oficio para proteger tanto al paciente como a su entorno.
Mayor peso del criterio médico y enfoque en adicciones
El proyecto también redefine la organización de los equipos de atención. Si bien se sostiene el enfoque interdisciplinario —con la participación de psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales—, se establece que la presencia del médico psiquiatra será obligatoria y adquiere un rol central en decisiones como diagnósticos, definición de tratamientos y eventuales internaciones.
De esta forma, la mirada técnico-médica gana protagonismo frente al esquema actual, que reparte más equilibradamente las responsabilidades entre las distintas disciplinas. Para sus defensores, este cambio apunta a agilizar la toma de decisiones en cuadros agudos y a fortalecer la seguridad clínica, mientras que críticos de la reforma han advertido, en otros debates públicos, el riesgo de regresar a modelos más manicomializantes si no se refuerza en paralelo la red de dispositivos comunitarios.
- La internación se mantiene como herramienta excepcional, pero se amplía el margen para aplicar internaciones no voluntarias.
- Las internaciones forzadas solo se permitirán ante una “situación de riesgo grave de daño” para la vida o la integridad física propia o de terceros.
- La autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos —ambulatorios o de internación— para el abordaje del consumo problemático de sustancias.
- El consumo problemático se integra formalmente a las políticas de salud mental, con la idea de un abordaje más integral.
El debate en el Senado abre una nueva etapa en la discusión sobre cómo equilibrar el respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales y la necesidad de contar con herramientas eficaces de intervención frente a situaciones de riesgo.
Tras el plenario de comisiones, el oficialismo buscará emitir dictamen con rapidez para llevar la reforma al recinto. El resultado de esta discusión será clave para el futuro del sistema de salud mental en la Argentina, en un contexto de creciente demanda de atención y de fuerte presión sobre los servicios públicos y privados.
