La defensa de Rudnev refuerza su estrategia ante la Justicia rionegrina
NewsITe
La defensa de Konstantin Rudnev, señalado como líder de la denominada “secta rusa de Bariloche” e imputado por presunta trata de personas, presentó un recurso de casación para revertir la revocación de su prisión domiciliaria y cuestionar la marcha de la causa. Sus abogados sostienen que el acusado es “totalmente ajeno” a los hechos que se le imputan y que la investigación se apoya en hipótesis no corroboradas.
El planteo, encabezado por el abogado Carlos Broitman, se dirige contra una resolución dictada el 5 de febrero de 2026 por los Jueces de Revisión del Distrito General Roca, que declaró inadmisible una impugnación de la defensa. Según los letrados, esa decisión consolidó una modalidad de detención más gravosa para Rudnev y vulneró garantías básicas como el derecho al recurso, el doble conforme y el debido proceso.
En paralelo, el juez de Garantías Gustavo Villanueva rechazó recientemente un pedido de sobreseimiento, aunque –de acuerdo con la versión de la defensa– sin ingresar en el análisis profundo de la prueba recolectada. Broitman remarcó que la audiencia de sobreseimiento se realizó, pero que el magistrado optó por diferir cualquier decisión definitiva mientras siga corriendo el plazo de investigación fijado para la Fiscalía.
La acusación por trata y el rol de la presunta víctima
La investigación se centra en una presunta infracción al artículo 145 bis del Código Penal, que castiga los delitos de trata de personas. En este expediente, la acusación apunta a Rudnev por supuestos hechos cometidos contra la ciudadana rusa Elena Makarova, señalada como víctima en el caso. No obstante, la mujer declaró en Cámara Gesell que no se considera víctima y que no sufrió hechos delictivos en la Argentina.
Makarova incluso denunció la actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes acusó de haberla presentado, de forma “maliciosa”, como víctima de una organización internacional dedicada al crimen. Esa declaración es uno de los pilares argumentativos de la estrategia defensiva, que insiste en que no hay elementos suficientes para sostener una imputación válida en los términos exigidos por el sistema acusatorio.
Plazos procesales, estrategia fiscal y advertencias de la defensa
De acuerdo con Broitman, resta poco más de un mes para que venza el plazo de investigación otorgado por el juez Zapata para que la Fiscalía formule acusación. En ese contexto, el juez Villanueva consideró “prematuro” resolver un sobreseimiento definitivo, dado que la acusación formal podría presentarse en las próximas semanas y modificar el escenario procesal.
La Fiscalía federal descentralizada de Bariloche ya habría delineado una hipótesis acusatoria desde abril de 2025 y sostuvo en audiencia que cerrar el expediente en esta etapa podría afectar el funcionamiento del sistema acusatorio. Por su parte, la asesora de niñas, niños y adolescentes afirmó que el planteo de la defensa reedita cuestiones ya tratadas con anterioridad, mientras que el abogado de Makarova, David Ezequiel Malnero, no se opuso al sobreseimiento solicitado para Rudnev.
En su exposición, Broitman reclamó el sobreseimiento en los términos de los artículos 269 y 270 inciso C del Código Procesal Penal Federal, al considerar que la causa se sostiene sobre conjeturas y tipos penales que –según él– no se encuentran acreditados. Además, pidió que la Fiscalía precise con mayor claridad los hechos, los fundamentos y la calificación legal, al señalar que la falta de definición constituye uno de los problemas centrales del expediente.
Un caso bajo fuerte tensión institucional
- La defensa cuestiona la revocación de la prisión domiciliaria y pide revisar la modalidad de detención.
- El eje del expediente es una acusación de trata de personas que la presunta víctima niega haber sufrido.
- La Fiscalía defiende la continuidad de la investigación y la vigencia de su hipótesis acusatoria.
Como telón de fondo, la defensa denunció que incluso los propios abogados del imputado están siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal de General Roca, situación que, a su criterio, compromete seriamente el ejercicio del derecho de defensa y agrava el cuadro institucional. “Es una situación extremadamente grave para cualquier Estado de Derecho”, advirtió Broitman, en una causa que promete seguir generando tensión en los tribunales rionegrinos mientras se acerca la etapa clave en la que la Fiscalía deberá definir si acusa, modifica la calificación legal o solicita el cierre del caso.
